El  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto una consulta pública sobre la aprobación de un proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad relativa a la miel.

Últimamente son muchos los medios y profesionales que debaten sobre la necesidad reclamada por los apicultores españoles ante el intrusismo en el mercado de mieles de la Unión Europea, de conocer el origen de la miel que compramos.

Miel

El Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad relativa a la miel establece que deberá mencionarse en la etiqueta el país o los países de origen en que la miel haya sido recolectada, pero en el caso de mezclas, si las mieles son originarias de más de un Estado miembro o tercer país, dicha mención podrá sustituirse por una de las siguientes, según proceda:

  1. ‘‘mezcla de mieles originarias de la UE’’
  2. ‘‘mezcla de mieles no originarias de la UE’’
  3. ‘‘mezcla de mieles originarias y no originarias de la UE’’

De esta forma, únicamente es obligatorio informar del país de origen cuando se haya recolectado en un único país.

País de origen

Mientras que el Reglamento (UE) n o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, dicta en el artículo 26 la obligación de indicar el país de origen cuando su omisión pudiera inducir a error al consumidor en cuanto al país de origen o el lugar de procedencia real del alimento, en particular si la información que acompaña al alimento o la etiqueta en su conjunto pudieran insinuar que el alimento tiene un país de origen o un lugar de procedencia diferente.

Dejando por tanto, este requisito legal a la interpretación puesto que en este caso es difícil consideran si desconocer el país de origen conlleva inducir al error.

Ante esta situación, se ha lanzado una consulta pública considerando que los términos empleados hasta ahora en la normativa vigente no resultan transparentes y no garantizan la protección de los derechos del consumidor.

Los ciudadanos y organizaciones pueden hacer llegar sus opiniones al respecto cumplimentando el formulario disponible en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hasta el 20 de diciembre de 2018.

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Fuente: Cristina Arranz / Técnico de seguridad alimentaria de Ambientum,



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