Así lo ha señalado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que hoy se ha aprobado el proyecto de Ley de Costas. Arias Cañete ha explicado que el Ministerio y la Junta habían pedido un "primer presupuesto" que ha arrojado ese coste de 7.175.000 euros y que ambas administraciones están "plenamente de acuerdo" en actuar en este caso.

Cabe recordar que el Ministerio y la Junta de Andalucía acordaron a principios del pasado mes de julio encargar a Tragsa un estudio técnico sobre el coste y las características técnicas de la demolición de la construcción, así como del tratamiento de los residuos y la posterior regeneración de la zona.

El ministro ha incidido en que si los tribunales establecen definitivamente la ilegalidad de la construcción, que la licencia le fue concedida ilegalmente y que procede la demolición, el Gobierno y la Junta "han llegado a un acuerdo para proceder conjuntamente en su demolición".

En la rueda de prensa, el ministro ha dicho que el Algarrobico es "la prueba evidente" de que esta nueva Ley de Costas servirá para actuar y demoler "todo lo que sea ilegal" en la costa. "Va a cambiar todo, lo ilegal será demolido", ha dicho el ministro, que ha añadido, en alusión a los chiringuitos que, además, "lo que era legal que estaba sometido a concesión se prorrogará a petición de sus titulares".

Arias Cañete ha recordado también que la futura Ley de Costas incluye la denominada “cláusula antialgarrobicos”, que regula la posibilidad que tiene el Gobierno de suspender actuaciones urbanísticas ilegales en la costa para evitar "situaciones irreversibles" siempre dando la última palabra a los tribunales.

Al respecto, ha recordado que ayuntamientos han dado licencias de construcción en contra legislación que luego han generado "situaciones muy complicadas de volver atrás", como es el caso del hotel de Azata, que el ministro ha calificado de "emblemático" en cuanto a la necesidad de poner en marcha mecanismos que permitan dar más seguridad jurídica y más facultades al Gobierno para que se aplique la Ley de Costas.



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