El objetivo es acometer cambios en el actual marco normativo fiscal introduciendo criterios ambientales en los impuestos existentes, creando nuevos impuestos y reformando con criterios ambientales la fiscalidad de las haciendas locales.

 “En un momento de crisis como el actual, la fiscalidad ecológica puede ser una herramienta de recaudación con criterios de equidad social, de modo que pague más quien más contamina”, ha señalado Llorenç Serrano, Secretario Confederal de Medio Ambiente de CCOO.

“España necesita una reforma fiscal que mejore las rentas del trabajo, que grave progresivamente las rentas de capital, que recupere ciertos impuestos, como el de patrimonio y sucesiones, algo a lo que podría contribuir la proposición de ley sobre fiscalidad ambiental”, ha añadido.

Según Serrano, la fiscalidad ambiental puede cumplir dos funciones,  ser socialmente progresiva, al internalizar costes ambientales que ahora no se tienen en cuenta, y gravar los usos suntuarios y el uso desproporcionado de recursos y energía.”Además, la fiscalidad ambiental puede sentar las bases para estimular un cambio de modelo productivo”.

La proposición de ley de fiscalidad ambiental prevé nuevos impuestos sobre la energía nuclear, el vertido y la incineración de residuos y las bolsas de plástico. Estos impuestos se suman a modificaciones que se introducen en los ya existentes sobre hidrocarburos, matriculación, impuesto de sociedades, IRPF e IVA. Por lo que respecta a las haciendas locales, se modifican las tasas de residuos, el impuesto de circulación, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Las organizaciones que han promovido la proposición han subrayado que con esta iniciativa se persigue gravar en mayor medida las actividades más contaminantes, eliminar ciertos beneficios fiscales ambientalmente injustificables y bonificar las prácticas más sostenibles. El objetivo fundamental y prioritario de la propuesta es modificar comportamientos de los ciudadanos y las empresas en el consumo de bienes y servicios, sustituyendo los de mayor impacto ambiental y emisiones de CO2 por otros de menor impacto y más eficientes energéticamente.

También se busca promocionar sistemas de transporte y usos del suelo más sostenibles, fomento del transporte público y de los vehículos menos contaminantes, rehabilitación, agricultura más sostenible, energías renovables e inversiones ambientales.



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