El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado que el objetivo general del Gobierno andaluz es construir, a través de la normativa territorial y urbanística, un modelo sostenible y eficiente basado en el crecimiento equilibrado en torno a las ciudades. 

En este sentido ha aclarado que la aprobación del proyecto de ley que modifica tres artículos la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), permitirá la regularización de edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable, para dar así una mayor seguridad jurídica a los titulares de viviendas localizadas en pequeñas parcelaciones sobre las que ya no se pueden ejercer acciones disciplinarias, al abrir la posibilidad de aplicarles el régimen de asimilado al de fuera de ordenación (AFO).

Según fiscal, en “ningún momento esta modificación puntual va a suponer un campo abierto a la edificación de viviendas irregulares, sino todo lo contrario”, lo que se persigue es que los propietarios de estas edificaciones “puedan vivir de forma digna”. “En ningún caso se trata de una amnistía ni de una legalización”, ha añadido.

Durante su intervención en el Parlamento andaluz, el consejero ha aclarado que además de la modificación de los tres artículos, la norma incluye también tres disposiciones adicionales dirigidas a reforzar el proceso de identificación de edificaciones en suelo no urbanizable, garantizar el acceso a la información de las mismas y facilitar su registro en caso de regularización.

En la primera de estas disposiciones se establece que los ayuntamientos deberán iniciar en un plazo de dos años la redacción del avance de planeamiento, instrumento necesario para la identificación de las viviendas y la aplicación del régimen AFO. 

La segunda obliga a las corporaciones a responder en un plazo máximo de dos meses a las consultas planteadas por la ciudadanía en relación al régimen urbanístico aplicable a los terrenos y edificaciones en suelo no urbanizable; mientras que la tercera introduce un régimen complementario al del AFO con el fin de poder hacer efectivo el trámite del registro de las propiedades regularizadas.

Según Fiscal el problema de las viviendas irregulares en suelo no urbanizable existe desde hace décadas, “si bien se ha visto agravado en los últimos años coincidiendo con el crecimiento inmobiliario”. Así, dada la magnitud y trascendencia del problema, la Junta aprobó en 2012 el Decreto que regula el régimen de edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no urbanizables en Andalucía. 

Una norma que “tenía como objeto dar respuesta a la demanda de servicios básicos de unos ciudadanos, que en muchos casos no son los responsables de la situación creada, a la vez que aseguraba el cumplimiento de los objetivos medioambientales”. No en vano, esta normativa reconoce situaciones de edificaciones aisladas, asentamientos urbanísticos y hábitat rural diseminados, para las cuales establece un procedimiento de reconocimiento o incorporación a la ordenación urbanística.

Para el titular de Medio Ambiente, la aplicación de este Decreto se ha visto dificultada en las edificaciones al margen de la legalidad y prescritas, construidas en parcelaciones urbanísticas que no constituyen un asentamiento. Así, con la modificación de la LOUA, las edificaciones residenciales aisladas en las que ya ha prescrito el plazo de restitución de la legalidad urbanística podrán regularizar su situación siempre y cuando tengan al menos seis años de antigüedad. Al localizarse dichas viviendas sobre parcelaciones que constituyen asentamientos, no puede utilizarse la vía de su incorporación al planeamiento como suelo urbano o urbanizable.

Por último, el consejero ha destacado la voluntad política de la Junta para poner orden y freno al urbanismo incontrolado y para resolver los problemas de la población. En esta línea ha puesto de relieve el trabajo realizado para alcanzar una solución consensuada y conocer de cerca la opinión de los afectados sobre este asunto. Prueba de ello es que desde que comienza el trámite del proyecto de Ley, se han celebrado varias reuniones con los propietarios de estas viviendas siempre que lo han solicitado.

Una vez que no ha habido enmiendas de los grupos, el proyecto de Ley será remitido a la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para continuar con su tramitación.



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