En un comunicado emitido ayer, durante la celebración en Madrid de la Conferencia Sectorial de Agricultura y después de que a la entrada de ésta la consejera andaluza de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, afirmara que no entiende los motivos para "privatizar" la finca, que "debe ser un espacio para disfrute de todos los ciudadanos porque así ha sido siempre", el Ministerio ha recordado que la misma fue propiedad privada hasta que fue expropiada en 1983.

El departamento que dirige Miguel Arias Cañete subraya que el Gobierno mantiene su decisión de extinguir la sociedad mercantil La Almoraima, S.A. y proceder a la venta de la finca, devolviéndola de esta forma a la propiedad privada, "en el marco de su firme intención de reducir las estructuras de gasto público y promover una gestión eficiente y sostenible de la finca, garantizando la máxima conservación medioambiental de la superficie protegida".

Sobre la intención de la Consejería de Medio Ambiente andaluza de ampliar los límites del Parque Natural, el Ministerio mantiene que no responde a criterio alguno relativo a valores ambientales. "En realidad, dichos terrenos de la finca constituyen una superficie dedicada a regadíos, agricultura de secano y pastos, que no reúnen las características propias de una protección medioambiental especial", subrayan.

Así las cosas, el Ministerio dice que "no cabe sino lamentar" que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía "pretenda paralizar" el plan especial de ordenación de usos, con "la única intención de impedir las posibilidades de crecimiento económico y social que dicho plan supondría para los municipios de Castellar de la Frontera y del Campo de Gibraltar".

"Contradice" a la presidenta

"Estos municipios resultarían claramente perjudicados de ejecutarse la decisión de la consejera, al perder una gran oportunidad de desarrollo para sus poblaciones", recoge el comunicado del Ministerio, que también señala que esa actitud supone una "clara contradicción" con la "voluntad" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de "fomentar, en el ejercicio de su responsabilidad, el crecimiento socioeconómico" de la región.

En la misma línea, el Gobierno central ve "sorprendente" que la reducción del gasto público, la generación de ingresos para el Presupuesto de la Administración General del Estado y el apoyo al desarrollo socioeconómico de municipios andaluces sean calificados de "proyectos especulativos" por parte de responsables de la Junta.



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