Oceana mostró, en un comunicado, su total rechazo a esta medida, ya que su aplicación hará más llevadero a los pescadores recreativos ilegales continuar ejerciendo esta actividad, perjudicando a todos aquellos que pescan legalmente y poniendo freno a la gestión sostenible de los recursos marinos vivos que todos los gobiernos deben aplicar.

La elevada importancia de la pesca recreativa en el archipiélago, que puede suponer un elevado porcentaje de la captura total en temporada alta, requiere que se preste especial cuidado en su gestión y especialmente ante las infracciones cometidas por este sector.

La pesca marítima en el archipiélago balear se rige por la Ley de Pesca Marítima del Estado. Esta ley impone sanciones de 301 a 60.000 euros para infracciones graves, entre ellas la realización de actividades de pesca sin disponer de la correspondiente autorización, y es aplicable tanto a pescadores profesionales o recreativos.

La nueva ley de pesca balear sí diferenciará entre ambas modalidades de pesca, reduciendo para los pescadores recreativos las sanciones a la mitad para todas las infracciones, ya sean leves, graves o muy graves. Así, la pesca recreativa ilegal, sin licencia, aunque se siga considerando una infracción grave, supondrá el pago de un mínimo de 151 euros en vez de los 301 euros que se paga actualmente.



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