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El impacto en la vida silvestre y los recursos naturales del derrame de petróleo en las costas peruanas ha afectado duramente a las comunidades locales, sobre todo a las familias que viven de la pesca y de actividades relacionadas con el turismo. Sin embargo, a la fecha no se han hecho evaluaciones de perjuicios ni análisis de necesidades integrales de la población, reveló la misión de expertos de la ONU que viajó a Perú para evaluar los daños del vertido de combustible del 15 de enero pasado.

Los especialistas destacaron la urgencia de hacer una evaluación para conocer mejor el deterioro sufrido por culpa del petróleo, las necesidades actuales, el impacto por afectación a su modo de vida, y tener una idea del género, edad y ubicación de la población en situación de necesidad.

“Se recomienda realizar cuanto antes un análisis de necesidades de la población afectada que garantice la puesta en marcha de mecanismos de comunicación y participación de las comunidades en los planes de asistencia y de recuperación socioeconómica”, recalcó la misión.

Recordó que es responsabilidad del Estado establecer canales formales de participación y comunicación con la población sobre el impacto en su vida con el fin de que influya en la implementación de soluciones a los problemas sociales, asegurando también altos estándares de rendición de cuentas y transparencia.

Casi 12.000 barriles de petróleo vertidos al mar

El 15 de enero pasado, un buque que descargaba crudo en la refinería La Pampilla de la empresa española Repsol derramó al menos 11.900 barriles de combustible en el mar frente a la localidad de Ventanilla, unos 20 kilómetros al norte de Lima.

El vertido cubrió más de 1400 hectáreas de mar y tierra, y 500 hectáreas de reservas de fauna marina en áreas naturales protegidas. La contaminación alcanzó unos 80 kilómetros costa en lo que constituyó el peor desastre ecológico en la historia peruana reciente.

A solicitud del gobierno de Perú, la ONU que envió una misión técnica de expertos internacionales para realizar una evaluación rápida del impacto socioambiental y asesorar a las autoridades en la gestión y coordinación de la respuesta a la emergencia.

El equipo multidisciplinario centró su trabajo en brindar asistencia técnica y asesoría al gobierno nacional para la contención, mitigación y limpieza del área afectada; para la gestión y coordinación de la contingencia (ámbito ambiental, socioeconómico y humanitario); y para reducir el riesgo de futuros desastres por vertidos de petróleo en el océano, con recomendaciones metodológicas y normativas.

Efectos a largo plazo

Otro hallazgo de los expertos fue que la contaminación de las zonas costeras y del lecho marino podría tener un efecto negativo de largo plazo en especies como mariscos o conchas, por lo que recomendó implementar un plan de monitoreo ambiental para determinar el momento en el cual sea saludable abrir las playas y consumir los productos marinos.

Por otra parte, destacó que la complejidad de la operación de respuesta al derrame supuso una difícil prueba para la capacidad de respuesta en el país y recomendó la adopción inmediata de la metodología del Sistema de Comando de Incidentes para gestionar y conducir la respuesta ante ésta y futuras emergencias, integrando en este mecanismo a las empresas responsables de la limpieza.

Además, abogó por fortalecer las capacidades de las entidades nacionales para finalizar una primera evaluación de daños y análisis de necesidades, así como la elaboración un plan de contingencia nacional multisectorial para enfrentar este tipo de desastres ambientales.

La misión reportó también que como consecuencia de los procesos naturales y las operaciones de limpieza, dos semanas después del derrame ya no se evidenciaba la presencia de una gran mancha continua de crudo en el mar, sino pequeñas zonas aisladas de contaminación que podrían tener consecuencias negativas para el medio ambiente a mediano plazo.

Del 23 de enero al 11 de febrero, los expertos realizaron visitas de campo y sobrevuelos a la zona afectada, sostuvieron reuniones con autoridades y especialistas del Estado, actores de la sociedad civil, personas afectadas en la zona del desastre, y representantes y equipos técnicos de la empresa.

Fuente: ONU

Artículo de referencia: https://news.un.org/es/story/2022/02/1504052



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