Ese objetivo ha sido asumido por España en el Plan Forestal Español, incluyendo el impulso de la certificación forestal y, asimismo, lo ha asumido el Principado de Asturias en su Ley de Montes y Ordenación Forestal, en sus principios inspiradores.

La certificación forestal consiste en la evaluación por una entidad independiente  de que las prácticas de gestión forestal cumplen una serie de normas de sostenibilidad. En Asturias, la ESCRA (Entidad Solicitante de la Certificación Forestal Regional del Principado de Asturias), creada en el año 20007, es una organización cuyo objetivo es la implantación y gestión en Asturias de la certificación forestal según las normas PEFC. La Consejería de Medio Rural y Pesca ha firmado un Convenio con la ESCRA para desarrollar en Asturias este instrumento de certificación.

Certificación de la Cadena de Custodia

El proceso de certificación, que es voluntario para el propietario se puede realizar tanto para un monte mediante la Certificación de la Gestión Forestal Sostenible, como para una industria, mediante la Certificación de la Cadena de Custodia. En esencia, el objetivo cumple dos objetivos: uno el de promover la ordenación de las masas arboladas al exigir un plan de gestión, y otro, al promover y fortalecer la percepción del bosque y la madera como una materia prima renovable.

Para el propietario forestal todo ello supone unas claras ventajas, dado que los consumidores están dispuestos a pagar un precio más alto por tener garantizado el origen y tratamiento de los productos que adquiere, otras ventajas se refieren a comportamientos de mercado como la preferencia por el producto o acceso preferente a adquisiciones y ayudas.

Como es lógico, todo el proceso de certificación le supone al propietario unos gastos, agravado en el caso de Asturias con la atomización de la propiedad forestal y la falta de recursos para una inversión con futuro incierto, lo que puede originar la indecisión en el momento de acometer la certificación del monte.

Sin embargo, los beneficios, no solamente privados que va a obtener la sociedad en su aspecto forestal y medioambiental, justifican el apoyo público.

Asturias pionera

El apoyo público a esta actividad puede realizarse a través de distintas medidas fiscales. Una de ellas es el establecimiento de una deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF, vinculada  a los gastos que tengan los propietarios de montes como consecuencia del proceso de certificación forestal, tales como: pagos a empresas por la realización de planes, tasas colegiales y cuotas por adscripción a ESCRA.

Por todo ello, la Consejería de Medio Rural y Pesca, en el proceso de elaboración de la Ley de presupuestos para 2011 ha propuesto el establecimiento de una deducción en la cuota íntegra del IRPF en concepto de certificación de la gestión forestal sostenible.

El importe de la deducción será del 30% de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la obtención de la certificación, con un importe máximo de la deducción de 1.000 euros con contribuyente.

El efecto esperado de la medida se debería traducir a corto y medio plazo en un importante aumento  en el número de fincas rústicas de dedicación forestal que cuenten con un plan técnico de gestión y mejora forestal y una certificación de explotación sostenible.

El coste recaudatorio de la medida tributaria propuesta es bastante razonable, ya que se situaría para 2011 entre los 101.000 y 132.000 euros (en el Principado de Asturias se prevén unos ingresos en el tramo autonómico del URPF de unos 656 millones de euros). Asturias será la primera Comunidad Autónoma que implante esta deducción, dentro del marco de su autonomía financiera.    



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