Regular el pago por la recolección de setas

Una nueva investigación, llevada a cabo por el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y publicada en la revista Small-scale Forestry, ha analizado la viabilidad de introducir mecanismos de pago para la recolección de setas en Cataluña. El análisis recoge la opinión de recolectores, propietarios forestales y sociedad en general, concluyendo que en todos los sectores existe una buena recepción a una regulación.

El estudio dibuja los diferentes escenarios en que se podría dar la regulación. En cuanto a los recolectores, se diferencian según su objetivo, tanto para consumo propio como de comercio, pero también según su procedencia –locales o no-locales–. En cuanto a las modalidades de pago, el estudio contempla diferentes opciones: basado en el peso recolectado, por temporada o por día, siendo las dos primeras las mejor aceptadas entre los encuestados.

La recolección de setas es una práctica que se lleva realizando en Cataluña de manera libre desde hace muchos años, movilizando hasta un 23% de la población catalana cada año. Además, su popularidad ha aumentado en la última década, entre otras causas a raíz de su presencia en medios de comunicación. Esta popularidad, si bien acerca a la ciudadanía al monte, también está provocando un aumento de las tensiones entre recolectores y propietarios.

Según explica Irina Prokofieva, investigadora principal del artículo, el marco legal ya permite el establecimiento de pagos por la recolección de setas, pero los propietarios no se atreven a regular por miedo a la venganza o la falta de capacidad para interactuar con los recolectores, por ejemplo para controlar o sancionar”.

Elena Górriz-Mifsud, co-autora del artículo añade: "En paralelo, nuestro estudio da tranquilidad a los propietarios forestales. Esto da pie a que se organicen para controlar la recogida en sus bosques, y adaptarlo más tarde con la eventual aprobación de una normativa específica".

Ante esa situación, el equipo investigador propone crear una normativa que identifique explícitamente diferentes alternativas para los propietarios privados, que establezca mecanismos de control, así como las responsabilidades de todos los implicados (intermediarios incluidos)”.  Normativas de este tipo ya existen por ejemplo en Italia desde los años 90 o en Aragón recientemente.



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