Tal y como había adelantado Ambientum.com, el pasado día 22 la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debatió  una serie de quejas relacionadas con el impacto de la Ley de Costas española sobre los derechos de propiedad.

Los europarlamentarios centraron la discusión en el  carácter retroactivo de la norma, en la posibilidad de considerar el derecho a la propiedad como un derecho humano y en la necesidad de una compensación justa en caso de expropiación.  Por su parte, Alicia Paz Antolín, Directora General española de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, expuso que los objetivos de la Ley de Costas de 1988 son, entre otros, regular la propiedad pública en las zonas costeras, establecer límites al desarrollo urbanístico en estas áreas y regular el poder de las administraciones en lo relativo a la protección del litoral.

Paz Antolín afirmó que, desde que la ley se aplica, "el 96% de las alegaciones de propietarios han sido total o parcialmente rechazadas" por los tribunales. La representante del Gobierno español señaló asimismo que los ciudadanos que pierden propiedades legalmente construidas, están siendo "compensados de forma justa" gracias a la concesión de un usufructo de 60 años. 

Demarcación arbitraria del litoral

Una de las cuestiones más debatidas fueron las supuestas "líneas de demarcación injustas" aplicadas por las autoridades españolas a la hora de trazar la línea costera.  Según el eurodiputado Willy Meyer, dicha demarcación "se ha realizado de manera caprichosa, porque hay grandes complejos hoteleros a los que no se ha tocado".

Nikolaos Salavrakos se manifestó en el mismo sentido, al afirmar que "esta ley infringe los derechos de los individuos, pero no afecta a los derechos de los propietarios de grandes hoteles". En la misma línea, Carlos Iturgáiz se preguntó cómo es posible que la demarcación se pueda aplicar "en zig zag".

Además en la reunión se debatió tratar el derecho a la propiedad como un derecho humano. Ante ese tema Miguel Ángel Martínez, por su parte, dijo mostrarse sorprendido "al escuchar que el derecho a la propiedad sea calificado como un derecho humano". "Quizá tendríamos que revisar la Convención de Derechos Humanos", sugirió. Asimismo, afirmó que, en España, el "Tribunal Constitucional ha juzgado correcto el que, a modo de indemnización, se dé, en lugar de la propiedad, un usufructo de 60 años" de las viviendas.

Una indemnización adecuada

Los eurodiputados coincidieron en la necesidad de que los afectados por expropiaciones reciban indemnizaciones justas. "El Gobierno español debe reconocer el derecho de los damnificados a una compensación", declaró Gabriel Mato, que además subrayó que se trata de "personas que llevan muchos años en sus viviendas y que han perdido su derecho a la propiedad sin ningún tipo de explicación".

"No ha habido ni reparaciones legales ni compensaciones", añadió Michael Cashman, quien destacó que la mala aplicación de la Ley de Costas ha "acabado con la credibilidad de España". Una peticionaria alemana, Nordhild Köhler, declaró que "nadie se imaginaba que en un país de la Unión Europea nos expropiarían nuestras casas sin ningún tipo de compensación".

Tras este debate, la comisión de Peticiones acordó enviar dos cartas, una al Ejecutivo español para reclamar más explicaciones sobre la aplicación de la mencionada ley, y otra a la Comisión Europea para que esta institución esclarezca cuál es la base legal existente para tratar estos casos. El debate se reabrirá cuando la comisión de Peticiones reciba las respuestas.



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