La Red Rural Nacional es un sistema integrado en donde se incorporan tanto las administraciones como los agentes institucionales y la sociedad civil, y en donde se analiza y reflexiona sobre un marco común y un escenario colectivo que supone el ochenta por ciento del territorio.
La Subdirectora General de Igualdad y Modernización del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Paloma López-izquierdo, ha destacado que la puesta en marcha de la Red Rural Nacional servirá como elemento de integración del mundo rural, en su intervención en unas jornadas sobre el desarrollo sostenible del Medio Rural y los espacios naturales protegidos, celebradas en Arnedo (La Rioja).
En su ponencia sobre «La situación actual de la Política de Desarrollo Rural», la Subdirectora ha indicado que la Red Rural Nacional está empezando a configurarse y se pretende que sea operativa, independientemente de que esté en mayor o menor medida sustentada por una financiación comunitaria
Un proyecto a largo plazo
Una acción de este tipo, ha manifestado la Subdirectora, debe tener vocación de permanencia en la sociedad y en esa línea se va a empezar a trabajar en este periodo con el apoyo del instrumento financiero FEADER (Fondo Europe Agrícola de Desarrollo Rural.
La secretaria afirma que las políticas deben reconocer la capacidad de los agentes territoriales para decidir su futuro y acotar el alcance y la responsabilidad de las administraciones en el ámbito de la potenciación, la capacitación, la instrumentalización y el impulso a la acción territorial.
El desarrollo sostenible del medio rural
«La sociedad no puede prescindir ni de las producciones ni de los servicios ambientales que brinda el medio rural, sino servirse de ellas como instrumento para el desarrollo sostenible del medio rural».
Por eso en estas jornadas se analizan las alianzas creadas entre desarrollo y conservación del patrimonio natural. No se debe reducir esta cuestión a términos económicos, porque por encima de todo, ha señalado, aquí está en juego la vida de un elevado porcentaje de población que tiene derecho a disfrutar de un nivel de calidad de vida en términos asimilables al de todos los ciudadanos.
