En estos proyectos, el Servicio Público de Empleo Estatal abona el coste total de la mano de obra, mientras que la Junta y las diputaciones se encargan de pagar los gastos de materiales, maquinaria y utensilios. Para percibir estos fondos, las diputaciones tienen que acreditar, entre otros requisitos, la aprobación de los proyectos municipales por parte del Servicio Público de Empleo Estatal y la cuantía que aporta este organismo a cada entidad local.

Durante el pasado año 2010 el Programa de Fomento del Empleo Agrario hizo posible en Andalucía la realización de 2.120 proyectos, que supusieron la contratación de 97.173 trabajadores y la generación de 1,67 millones de jornales. Desde su creación en 1986, este programa, conocido inicialmente como Plan de Empleo Rural (PER), ha sumado unas inversiones totales de 6.519 millones de euros (853, 8 aportados por la Junta de Andalucía y 276,8 por las diputaciones provinciales).

En este sentido, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha subrayado la "plena vigencia" de este programa y el "evidente impacto" que tiene en muchos municipios de Andalucía por su "potencial en la generación de infraestructuras, equipamiento y empleo". Por este motivo, ha reiterado el apoyo que se le ofrece desde la Junta "para que llegue a cada rincón" de la comunidad.



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