Los españoles generan toneladas de residuos. Un porcentaje cada vez más grande vienen de aparatos y dispositivos electrónicos de todo tipo. Detrás de esos restos hay dinero, y también riesgos, de ahí la importancia de establecer un sistema eficiente de recogida, reutilización y reciclaje de estos aparatos que en la práctica no está funcionando. ¿Qué se hace con ellos? La OCU ha investigado este proceso paso por paso.

¿Qué pasa con los aparatos usados?

Cuando un aparato ya no sirve, hay que deshacerse de él. Pero no puede tirarse a la basura sin más. Lo que hay que hacer es llevarlo a un punto limpio o, si se decide cambiarlo por otro, se deja en la tienda. Sin embargo, a las plantas de reciclaje autorizadas no llegan todos los aparatos desechados.

Para salir de dudas y saber a dónde van a parar los aparatos eléctricos y electrónicos que no están llegando a las plantas de reciclaje nada como “espiar” la trayectoria de estos residuos. La OCU ha llevado a cabo esta labor.

Un reciclador autorizado ha cedido a la OCU quince aparatos usados, además de asesoramiento sobre el modo en que se despiezan y reciclan.

Para ello, se ocultaron en diversos aparatos (cuatro frigoríficos, cuatro lavadoras, cuatro televisores y tres ordenadores de mesa) dispositivos de seguimiento. La Organización se deshizo de los aparatos de las tres formas previstas para su correcto reciclaje (puntos limpios, retirados a domicilio, al entregarse otro recién comprado y entregados en una tienda en la que se compró un aparato similar), y se siguió su ruta durante 3 meses.

Los resultados del estudio

Gracias al GPS colocado en el interior de los aparatos, se ha seguido la pista de los objetos y se ha comprobado que, para empezar, el consumidor no tiene fácil deshacerse de su aparato usado.

Además, a menudo se manipulan en lugares no autorizados y hay localizaciones que se repiten, lo que da que pensar en circuitos paralelos, no autorizados, de desguace y chatarrería.

Algunos aparatos seguidos fueron despedazados directamente, sin control. Y aunque son minoría, también hay residuos que llegan a una planta de reciclaje autorizada, no siempre la más cercana a su lugar de origen. Por ejemplo, un frigorífico recorrió 496 kilómetros para llegar a una planta, cuando a 60 km de su origen tenía otra.

Los culpables

  • Los fabricantes

Los fabricantes cargan en el precio de sus aparatos el coste estimado de reciclarlos: unos 20 euros por un frigorífico, 5 por un microondas, etc. En teoría, por ley, deben dedicar ese dinero a que los aparatos electrónicos sean trasladados a plantas autorizadas donde se descontaminen y se reciclen bien. Aunque podrían ocuparse ellos mismos suelen delegar en un SIG, al que sólo pagan por los aparatos efectivamente reciclados, aunque sean una pequeña parte de los comercializados.
¿Y el resto del dinero? Pues directamente, se lo quedan.

  • Los vendedores

Estos profesionales deben aceptar los aparatos usados que el consumidor le dé al comprar otros similares, ya sea en el domicilio (al entregar un aparato nuevo) o en la tienda, y cuando lo hacen, deben encargarse de llevarlos a donde se vayan a reciclar. En la práctica son muchos los que evitan asumir esa responsabilidad, directamente negándose a quedarse con el residuo, dando largas, cobrando al usuario y cuando lo hacen, no todos y no siempre se ocupan de ponerlos en la senda del reciclado.

  • Los puntos limpios.

Estas instalaciones dependen generalmente de una administración (local, autonómica, cabildo, diputación, etc.) y se encargan de la recogida de residuos domésticos. Allí deben custodiarse y entregarse en buen estado a quien los transporta a la planta de reciclaje. En la práctica, no siempre están en buenas condiciones, están en lugares inaccesibles, mal señalizados, no informan bien de los horarios, o no los cumplen. La OCU ha detectado una indiferencia generalizada tanto hacia cómo se depositan los residuos, como hacia su custodia.

  • Las autoridades

Las municipales se desentienden del problema. Algunos ni siquiera saben que tienen punto limpio (que depende de ellos) ni su funcionamiento. Otras veces no informan a los consumidores, y ponen trabas a los que sólo quieren cumplir con su responsabilidad de ciudadanos “limpios”. Las autoridades autonómicas, nacionales e internacionales no ejercen control efectivo sobre la calidad de la gestión en su ámbito territorial ni se molestan en dar una información decente o actualizada sobre la situación en su entorno.

Los perjudicados

  • El medioambiente y la salud pública

Los residuos tirados de cualquier manera son una fuente de riesgos. Sustancias como los gases de los frigoríficos, los aceites minerales con bifenilos policlorados de aparatos como las lavadoras, los metales pesados y restos electrónicos de las televisiones u ordenadores… son peligrosos para todos.

  • El consumidor

Cuando una persona compra un aparato eléctrico o electrónico paga cierta cantidad por adelantado para costear su futuro reciclado, aunque tarde años en producirse. En la práctica, sólo 1 de cada 5 aparatos se llega a reciclar. Además, cuando se desecha un aparato usado, se debe llevar a la tienda donde se compra otro o a un punto limpio. Un esfuerzo que se hace de buena gana si da resultado.

  • Los recicladores autorizados

Son empresarios cuyo negocio se sustenta en todo o en parte con el dinero que recibe de los SIG por descontaminar y reciclar sus residuos, además de dedicarse a vender los materiales recuperados. Pero a quienes en realidad no les está llegando más que una pequeña parte de los residuos que previsiblemente iban a sostener su negocio.

Los que salen ganando

  • Los “incontrolados”

Chatarreros, aprovechados, etc. cualquiera que aproveche la indiferencia y dejadez para apropiarse de los residuos. Extrae las partes más valiosas pero desprecia otras que podrían reciclarse y no tienen en cuenta la posible emisión de sustancias peligrosas que genera la manipulación de ese aparato si no se hace una descontaminación previa.

  • Los fabricantes

Se embolsan el dinero que todos pagan y que deberían dedicar a reciclar.

Las 5 cosas que pide la OCU

El dinero que se paga para que se reciclen los aparatos eléctricos y electrónicos se está usando mal: se financia el reciclaje de todos los aparatos, pero la OCU ha comprobado que apenas se recicla el 20%. Ésta es una situación intolerable. Por eso, la Organización exige:

  1. Que se haga un estudio completo que permita conocer el estado de la cuestión.
  2. Que el consumidor pueda conocer la cifra exacta que paga en concepto de reciclado de cada aparato que compra.
  3. Saber lo que ingresan los fabricantes a cuenta del reciclado, lo que gastan en él y, sobre todo, lo que hacen con la diferencia.
  4. Que se profesionalice la gestión de los residuos. Hay que preparar mejor al personal que interviene en la gestión de estos residuos para que sean conscientes del peligro que supone hacerlo incorrectamente y la pérdida de recursos que supone.
  5. Que se controle con más rigor el cumplimiento de la ley.


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