El mes de julio del pasado año, la organización Ecologistas Extremadura comenzó a denunciar la presencia de múltiples construcciones ilegales en las comarcas de la Vera y La Serena. La mayoría de estas construcciones se habían realizado en terrenos incluidos en la Red Natura 2000, pertenecientes al Lugar de Importancia Comunitaria de "Sierra de Gredos y Valle del Jerte" y a la ZEPA "Embalse de Orellana y Sierra de Pela" dotados, supuestamente, de la máxima protección ambiental a nivel comunitario.

Estas construcciones no constituían casos aislados. De hecho, la organización ecologista denunciaba que el número de edificaciones ilegales en estas zonas estaba completamente descontrolado, y que los infractores campaban en la más absoluta impunidad. Las edificaciones se levantaban en plena naturaleza, a la vista de todo el mundo, realizando talas y movimientos de tierras ilegales sin que los ayuntamientos ejerciesen sus competencias urbanísticas para impedirlo.

A las primeras denuncias del Guijo de Santa Bárbara siguieron las realizadas en Jarandilla de la Vera. A finales del mes de febrero se presentaron nuevas denuncias en Aldeanueva de la Vera , sumando un total de 43 en tan solo tres localidades. Igualmente se han denunciado decenas de construcciones ilegales en municipios de Badajoz. Destaca Orellana de la Sierra,, con 22 construcciones denunciadas, y le siguen Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer.

Pocos meses más tarde, el efecto de las denuncias ya es visible. Las investigaciones llevadas a cabo por el SEPRONA, así como la diligente acción de jueces y fiscalía han llevado a declarar a los juzgados a varios representantes municipales. Los servicios de urbanismo de Jarandilla de la Vera han dado orden de paralización incluso a obras que no habían sido denunciadas por el grupo ecologista. Muchos de los promotores han sido llamados a declarar, y la fiscalía está instruyendo los casos para llevarlos a los tribunales, quienes pueden dictaminar el derribo de las edificaciones, sanciones e incluso cárcel para los promotores.

Desde Ecologistas Extremadura lamentan que se haya actuado tan tarde desde las corporaciones municipales, y se preguntan por qué los servicios de inspección que ahora parecen tan eficaces antes no lo eran. Para la organización ecologista no había ninguna voluntad política de atajar este problema, y si ahora existe en los ayuntamientos es únicamente a causa de la existencia de denuncias, y también por las posibles responsabilidades penales en que pueden incurrir los ediles y secretarios. La dejadez de las corporaciones municipales durante los últimos años ha traído como consecuencia el que se levanten centenares de construcciones ilegales en espacios protegidos, originando tanto un grave problema medioambiental como un visible deterioro del paisaje.

Ecologistas Extremadura manifiestó asimismo que,"aunque el ritmo de construcción ilegal ha descendido de forma importante, aún se producen actuaciones de este tipo, y que además algunas de las obras sobre las que se ha dictado orden de paralización han proseguido" por lo que esta organización cree imprescindible un seguimiento de las mismas y sobre todo la demolición de lo construido ilegalmente. En este sentido confían en una actuación conforme a la Ley por parte de los tribunales. Además, recuerdan que se pueden imponer fuertes sanciones administrativas como las que contempla la legislación, que oscilan entre 150.000 y 600.000 euros.

Desde esta organización ecologista se quiere hacer reflexionar a los poderes públicos, que tienen la capacidad y la obligación de poner fin a la edificación ilegal, que la mejor forma de acabar con estas actuaciones es el derribo de las edificaciones, ya que las simples sanciones económicas se consideran por parte de los infractores como un coste más de las construcciones, que en algunos casos pueden encontrarse a la venta en cualquier inmobiliaria de la zona, en revistas e Internet en precios que oscilan normalmente entre los 125.000 y los 250.000 €.

Además, Ecologistas Extremadura desea poner de manifiesto que lo denunciado hasta ahora es sólo un pequeño porcentaje de lo existente, y que ya se encuentra en proceso de preparar nuevas denuncias. Por eso espera que otros ayuntamientos de la región se tomen en serio esta problemática tan extendida.

Desde esta organización recomiendan a los ciudadanos que se informen bien antes de comprar cualquier finca rústica o lanzarse a construir, que valoren el impacto ambiental que puede generar su actuación y los perjuicios, muchas veces irreparables, para el medio ambiente extremeño.



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