En relación con España, la Comunicación de la Comisión Europea contextualiza el alcance de las pruebas a los ocho reactores (Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Santa María de Garoña, Trillo y Vandellòs II), además de la fábrica de combustible Juzbado. Respecto del informe preliminar que le fue remitido el pasado 15 de septiembre, en cumplimiento de los plazos establecidos a nivel europeo, por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), apunta que el análisis es "detallado e informativo, con acciones a desarrollar claramente definidas, ajustado al alcance requerido, y progresa conforme a lo establecido".
 
La mención al análisis preliminar realizado por España incluye la identificación de áreas de posible mejora, como las medidas destinadas a incrementar la fortaleza de las centrales españolas frente a terremotos por encima de la base de diseño, las inundaciones, pérdida de corriente eléctrica exterior, pérdida del sumidero final de calor, así como en materia de gestión de accidentes severos.

A nivel global, el Comisario Europeo de Energía, Günther Oettinger califica las pruebas de resistencia en el conjunto de los países de la UE como "una medida esencial en nuestro esfuerzo por mejorar la seguridad y protección de las centrales en Europa. No podemos conformarnos con menos que las normas técnicas más rigurosas. (…) Hay que garantizar que los ciudadanos no corran peligro y que no solo se ordenen las normas de seguridad más estrictas, sino que también se cumplan en toda la UE y fuera de ella".

En la Comunicación, la Comisión Europea cumple el calendario previsto tras el Consejo Europeo celebrado los días 23 y 24 de marzo, en el que se instó a llevar a cabo una revaluación de los márgenes de seguridad de las 143 centrales nucleares europeas tras el accidente ocurrido en Fukushima Dai-ichi (Japón).

El texto recoge los resultados preliminares de dichas pruebas e indica algunos ámbitos estratégicos en torno a los cuales la seguridad nuclear de la UE puede consolidarse mediante normas comunes.

Entre los principales ejes apuntados por la Comisión Europea figuran una nueva legislación de la UE, "que podría definir criterios comunes sobre el emplazamiento, el diseño, la construcción y la explotación de centrales nucleares". Añade en ese sentido que las disposiciones jurídicas también "deben aumentar la independencia de las autoridades reguladoras nacionales que concedan las licencias y efectúen controles sobre el terreno".

Además, menciona la conveniencia de que los Estados Miembros puedan formular planes transfronterizos de gestión de los riesgos nucleares para prepararse mejor ante una hipotética emergencia y coordinar sus actuaciones de respuesta.

El ejecutivo comunitario considera que se debe conseguir un "planteamiento europeo sobre la responsabilidad. Los afectados deben recibir las mismas indemnizaciones con independencia de su país de residencia" y, por último, recoge en la nota de prensa que los programas de investigación de la UE deben centrarse en la seguridad nuclear.

Los resultados finales de las pruebas de resistencia se conocerán el año próximo, una vez que los Estados Miembros hayan remitido a Bruselas sus correspondientes informes finales. Además, éstas se completarán con una revisión interpares del proceso de análisis de las pruebas de resistencia, coordinada por un Plenario vicepresidido por el consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Antoni Gurguí.



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