El conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, ofreció hoy los datos sobre la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas y advirtió de que "es posible" que a alguna de las 62 instalaciones industriales que están pendientes de lograrla "se les deniegue y tengan que cerrar".

La autorización ambiental integrada (AAI) es una resolución de la Consellería de Medio Ambiente por la que se permite, a efectos de protección del medio ambiente y la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de la ley.

Un total de 166 industrias ya recibieron la autorización antes del 30 de abril, fecha límite prevista por la ley, y hay otras 62 que están en trámite, aunque en diferentes estadios, y que tienen seis meses de margen para adaptar sus instalaciones a la nueva normativa.

El titular de Medio Ambiente advirtió de que no permitirán que haya empresas que "mareen la perdiz" y recordó que aquellas no disponen da AAI pueden ser ya sancionadas. En ese sentido, auguró que habrá empresas a las que "no les será rentable" cambiar sus sistemas de explotación tradicional para adaptarse y se vean abocadas al cierre.

De todas formas, Vázquez destacó que en general "el sector empresarial gallego está cumpliendo la ley y colaborando con las políticas medioambientales", de tal forma que ha realizado "un esfuerzo muy importante" para minorar sus emisiones y adaptarse al nuevo sistema, pese a que "no hubo ayudas" económicas por parte de la Administración.

PLAZOS Y SANCIONES

La mayoría de las instalaciones recibió autorización por un plazo de ocho años, aunque debido a circunstancias especiales como la peligrosidad de la actividad, otras recibieron la AAI por cinco años y hubo tres que sólo la tendrán por tres años: Ence y Elnosa en Pontevedra y Novafrigsa en Lugo.

Medio Ambiente destacó que el nuevo modelo obliga a un enfoque integrado del procedimiento de autorización y establece criterios para determinar los valores límites de emisión, los parámetros y las medidas a exigir, basándose en las mejoras técnicas disponibles desde el punto de vista ambiental.

La ley también prevé un duro régimen de sanciones para aquellas empresas que la incumplan, que en el caso de las infracciones graves pueden dar lugar a la imposición de multas de hasta 200.000 euros y el cierre temporal de las instalaciones.

Si se produce daño o deterioro grave para el medio ambiente o se pone en peligro la seguridad o la salud de las personas, se considerará una infracción muy grave y la Xunta podría imponer a la empresa una multa de hasta 2 millones de euros y cerrar definitivamente las instalaciones.

CONCESIONES

De las 166 autorizaciones concedidas hasta el momento, más de la mitad (86) corresponden a industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas; 23 al epígrafe de producción y transformación de metales; otras 21 son industrias mineras; 11 químicas; y 10 instalaciones de combustión. Completan la lista industrias de gestión de residuos, consumo de disolventes, de papel y cartón y del carbono.

Por provincias, en A Coruña recibieron hasta el momento autorización ambiental integrada un total de 67 instalaciones industriales, por 45 en la provincia de Pontevedra, 30 en la de Ourense y 24 en la de Lugo. Entre las pendientes de autorización, hay algunas que funcionan en la actualidad y otras que aún no están operativas, como un depósito de residuos en A Rúa (Ourense) que impulsa la Consellería de Medio Ambiente.



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