El Decreto ha recibido el respaldo de PP, UPyD y UPN, mientras que Foro Asturias se ha abstenido. El resto de grupos parlamentarios se han mostrado en contra del mismo, entre otros puntos, por centralizar las competencias que hasta la fecha eran autonómicas. Ya por unanimidad, se ha decidido tramitar el decreto como proyecto de ley, lo que abre la posibilidad de cambios puntuales. Es el único de los cuatro que se debatían este jueves que seguirá ese camino, pues los relativos a la reforma de RTVE y a los recortes de Educación y Sanidad ya no se seguirán discutiendo.

Durante la defensa del mismo, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha justificado que responde al propósito de mejorar la gestión ambiental española, adaptando directivas europeas y reduciendo las cargas administrativas y favoreciendo, entre otros puntos, el sistema de subastas en derechos de emisiones.

Con ello, ha detallado que este decreto incorpora la normativa europea y modifica así la de 1988 de Mercado de Valores, de forma que España pueda acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto, además de tener la opción de ingresar más de 1.500 millones de euros.

Simplificación normativa

Igualmente, el decreto plantea una modificación de la Ley de Aguas, donde el Estado recupera la competencia sancionadora en la materia (policía hidráulica) en las confederaciones hidrográficas de las cuencas intercomunitarias.

Asimismo, también incorpora una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas, tendente a la recuperación de acuíferos.

En materia de protección ambiental, plantea una modificación en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con la que se pretende coordinar y simplificar las distintas figuras de protección que rigen sobre una misma hectárea. En concreto, simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta directamente a la Red Natura 2000, para que usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.

En materia de residuos, el decreto cambia el sistema de notificaciones de traslados de residuos puesto que, en muchos casos, señala que este transporte pasa por varias comunidades autónomas y se necesitaba de un permiso notificado de cada una de ellas. "Ahorrará a los operadores a hacer la notificación previa cada vez que tengan que trasladar residuos", ha puntualizado, al mismo tiempo que ha detallado que, obtenida la autorización previa de la comunidad donde se opere, no serán necesarias posteriores.

Asimismo, modifica la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, en lo referente a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), precisando el alcance de estos sistemas con el objetivo de evitar "imprecisiones, incoherencias e interpretaciones".

El Gobierno no cree en el medio ambiente

La portavoz de medio ambiente del PSOE en el Congreso, Leire Pajín, ha acusado al Gobierno de no creer en el medio ambiente, así como de desproteger y "poner en peligro" a los ciudadanos y a las generaciones futuras, con la aprobación del decreto. De hecho, ha manifestado su posición en contra, al mismo tiempo que le ha pedido al titular del ramo, Miguel Arias Cañete, que "lo justo" es devolver el texto al Ejecutivo y convocar a los agentes sociales implicados. "A veces tengo la sensación de que este Ejecutivo tiene el objetivo de retroceder en el tiempo", ha puntualizado.

En este sentido, ha hecho referencia a la modificación de la Ley de Protección Natural, que a su juicio, sólo con esta reforma se "relaja" la normativa existente. Mientras, ha señalado que en materia de agua el decreto contradice la directiva marco de agua, que debe ser cumplida antes de 2027 por todos los países miembros.

Desde el PNV, Arantza Tapia, ha señalado que en líneas generales podría aceptar esta normativa, si bien ha indicado que a este grupo parlemantario le surgen críticas motivadas desde el punto de vista de la oportunidad y de legislar sin consenso, invadiendo competencias y sin motivo real que justifique esta premura y modo de actuación.

Un "insulto y una provocación"

Mientras, la diputada de Izquierda Plural, Laia Ortiz, ha señalado que este decreto es un "insulto y provocación" a todas las personas que trabajan desde hace años en favor de la ecoeficiencia. "Es un decreto que despilfarra. Le falta ambición y no incluye instrumentos útiles. La crisis actual precisa de una nueva cultura del agua y de la energía, austeridad", ha agregado, al mismo tiempo que ha indicado que, con estas medidas del PP, España va en la dirección contraria de lo que hacen los países más avanzados.

El nacionalista catalán Martí Barberá, portavoz de Medio Ambiente de CiU en el Congreso, ha defendido su posición en contra de este decreto por centralizar las competencias en materia de medio ambiente. "Trabajaremos en el ámbito parlamentario para recuperar las competencias que revoca este decreto", ha apuntado.

Indignación en las ONG

Las organizaciones sociales pertenecientes al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) han remitido una carta al ministro Arias Cañete ante la aprobación del Real Decreto-Ley.

La carta ha sido remitida por Amigos de la Tierra, WWF España, Greenpeace España, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife, CCOO, UGT, COAG, UPA y por el Consejo de Consumidores y Usuarios, que han mostrado su sorpresa e indignación tanto por el calado del alcance de determinadas medidas aprobadas, como sobre todo por el procedimiento utilizado, obviando cualquier tipo de consulta previa a las organizaciones sociales, económicas y medioambientales representativas de nuestra sociedad.

El Real Decreto-Ley hubiese requerido un conocimiento previo de sus borradores y proyectos, y su correspondiente análisis y debate con los interlocutores sociales, económicos y medioambientales en el seno del CAMA.

Ante esta situación, las organizaciones ecologistas, sindicales, agrarias y de consumidores le han reclamado al ministro, presidente del CAMA, una reunión urgente del pleno de dicho órgano de participación en la cual se aborde el contenido del Real Decreto-ley 17/2012.



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