sí lo ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que esta norma se viene elaborando desde hacer una década por parte de la Comisión General de Codificación.

La determinación del responsable de cualquier hecho que tuviera lugar en el medio marino es uno de los propósitos de la norma y gira en torno a la figura del armador, que es el responsable de los actos u omisiones del capitán y de las demás personas que haya contratado. El armador es quien asume la gestión náutica del buque, es decir, su mantenimiento en condiciones de navegabilidad y la contratación del capitán y del resto de dotación.

La regulación del tráfico marítimo prevé restricciones por razones de seguridad y protección marítima, así como un mayor control de los buques que presenten graves deficiencias para navegar y la previsión de lugares de abrigo para situaciones de arribada forzosa.

Responsabilidad por contaminación

Respecto a la responsabilidad civil por contaminación, la norma sólo regulará los supuestos en los que no sean de aplicación los convenios internacionales vigentes. Además, se subsana la laguna existente en cuanto a normas procesales relativas al ejercicio del derecho a limitar la responsabilidad mediante un procedimiento específico.

El régimen de responsabilidad que contemplan los Convenios Internacionales se liga en la futura Ley a un proceso judicial específico. También se modernizan la regulación del contrato de seguro marítimo y las especialidades procesales que conllevarán las nuevas normas de la futura Ley, como el embargo preventivo de buques o la venta forzosa de los mismos.

"Ha llovido bastante", ha señalado Sáenz de Santamaría, en relación al objetivo del Ejecutivo de establecer una normativa sistemática, homogénea y actual de todo el derecho marítimo: la ordenación marítima de la navegación, los vehículos y sujetos de la navegación, los contratos de la navegación del buque, los auxiliares, la responsabilidad, los contratos de seguro, y todo un conjunto de normas procesales.

La futura Ley de Navegación Marítima vendrá a completar así lo que ya dispone el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de Marina Mercante y la Ley de protección del medio marino, del 29 de diciembre de 2010.

1 millón de km2 marinos a proteger

Por otro lado, el Gobierno también ha aprobado un acuerdo que contempla los objetivos ambientales de las estrategias marinas españolas y que afectarán a más de 1 millón de kilómetros cuadrados de mares y océanos, el doble de la superficie terrestre y la segunda mayor superficie marítima a proteger en la UE.

De esta forma, se desarrolla la ley de protección del medio marino, que transpone una directiva europea, con el diseño de cinco demarcaciones con sus diferentes objetivos: noratlántica, sudatlántica, levantino-balear y estrecho-alborán son cinco demarcaciones. A través de ellas, según ha comentado, se procederá a la evaluación del estado del medio marino y la definición de los elementos que constituyen el buen estado medioambiental a proteger, así como al establecimiento de una serie de objetivos ambientales para cada zona.

El acuerdo se ha remitido ya a la Comisión Europea y, tal y como ha comentado la vicepresidenta, "ahora toca poner en marcha programas de seguimiento" y aplicar medidas de conservación biodiversidad, prevención y reducción de vertidos al mar y garantía de usos y actividades compatibles con la biodiversidad.



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