El auto, consultado por Europa Press, cita a declarar a las 9,30 horas del próximo 13 de agosto en calidad de imputados a seis miembros de la anterior corporación y al exalcalde, quienes en el transcuro de un pleno en 2009 y bajo su mandato apoyaron una proposición para declarar urbanizable el sector ST-1 en el que se asienta el hotel de 411 habitaciones y una veintena de plantas; una parcela que desde entonces aparece como urbanizable, según la normativa municipal.

Entre los citados a declarar se encuentra la exteniente de alcalde y hermana del exregidor, María del Rosario Fernández, así como los ediles socialistas Francisco Ruiz, Miguel París, Josefa Cruz, Beatriz Belmonte y Vanesa Fuentes.

Asimismo, y tras analizar la documentación requerida al Ayuntamiento de Carboneras desde marzo, se ha citado también para que comparezca en calidad de testigos a la exdirectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar Rosa María Mendoza y el que fue asesor jurídico del anterior equipo de gobierno, tal y como adelanta este miércoles la edición impresa de "El Mundo".

En el marco de esta diligencias previas también permanece imputado el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), quien ya prestó declaración el pasado 14 de marzo y señaló ante la jueza que las decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico, por las que se le imputa una presunta prevaricación, se adoptaron bajo mandato del exregidor del PSOE Cristóbal Fernández durante un pleno celebrado el 11 de agosto de 2009 en el que él, desde la oposición, votó en contra.

Restablecer el paraje

La Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, denunció que el actual primer edil no ha modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni ha procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para construir el hotel en virtud de otras sentencias judiciales que señalan que el inmueble viola la Ley de Costas.

Hernández mantuvo entonces que ninguna de las sentencias judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que declarar el paraje como no urbanizable y de especial proyección ordenan al Ayuntamiento que tramite su cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En el mismo sentido, apuntó que la adaptación de las normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía se hizo bajo mandato socialista. 

El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal en vigor en la que el sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del Sol aparece como urbanizable, provocó que cuatro meses después de su aprobación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.

La denuncia

El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El Algarrobico. Tras la denuncia interpuesta por el colectivo conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las actuaciones.

La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.

En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se "negaba" a "adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedecía" el fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".



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