En este sentido el canciller explicó que las acciones apuntan no sólo a las petroleras que tienen licencias de exploración y explotación en el Atlántico Sur sino además sobre aquellas compañías que dan soporte a que las petroleras que actúan en la zona.

Las acciones tienen por objetivo "defender que los recursos naturales son propiedad del pueblo argentino y que el Gobierno asume la custodia de eso", explicó Timerman.

Timerman indicó que se trata de acciones administrativas, penales y civiles sobre las petroleras que actúan en la zona y sobre el resto de las firmas que permiten que operen en la zona con licencias otorgadas de manera ilegales.

Estas acciones coinciden con "el cumplimiento de la tradición democrática de aplicar la ley, de seguir el camino de las instituciones, de preservar la paz y buscar la resolución pacífica entre las naciones. Si llegamos a esta instancia no es por falta de interés del Gobierno argentino".

"Quiero aclarar que son acciones ilegales porque violan dos principios de la estructura legal internacional y doméstica. En el ámbito de Naciones Unidas hay más de 10 resoluciones que se vulneran y la resolución que dice que ninguna de las partes puede introducir modificaciones unilaterales mientras dure el conflicto en cuestión, algo que el Reino Unido no ha respetado ya que ha entregado licencias que viola la carta de las naciones unidas", indicó el ministro de relaciones exteriores.

“Quiero recordarles que la ley en todo el mundo dice que quienes recomiendan inversiones tienen que declarar, aclarar, explicar dar a conocer y no dejar ninguna duda sobre los riesgos que cada inversión tiene y que, por lo tanto, quiénes escriben sobre estas empresas o quiénes recomiendan invertir en estas empresas que hacen acciones ilegales están asumiendo la responsabilidad de dar información que puede llevar a quienes inviertan en estas empresas a cometer o ser partícipes de hechos ilícitos o directamente asumir un riesgo que no conocen cuando han sido informados”, dijo.

El canciller advirtió que se obligará a estas empresas a informar en sus escritos las violaciones de las resoluciones de la ONU que encaran las ilegitimas actividades del Reino Unido y la violación a las leyes de la Argentina.
 
Timerman explicó la existencia de tres niveles de responsabilidad empresaria del negocio petrolero, la de las empresas exploradoras, las de las empresas que facilitan la inversión de las exploradoras y la de las empresas de análisis de riesgo.
 
“Es un mapa con empresas entrelazadas entre sí, que cumplen diferentes funciones, que pueden ser accionistas de uno y al mismo tiempo analistas de riesgo de otras, todas ellas son parte de las acciones que nosotros vamos a desarrollar”, dijo.
 
“Hay empresas interesadas en las ilegitimas actividades pero aún no las han iniciado por lo tanto las vamos a poner en aviso de la situación irregular por la que atravesarían de iniciar cualquier actividad”
 
Objetivos
 
El Canciller explicó que los objetivos de las acciones que se iniciarán son:

  • Afirmar la soberanía y la jurisdicción sobre el área de controversia.
  • Rechazar las actividades hidrocarburíferas.
  • Implementar la estrategia judicial en el país y en el exterior para sancionar a las empresas involucradas.
  • Instrumentar las acciones necesarias para que la ONU colabore en la resolución del conflicto mientras persista la controversia. 

El plan de acción
 
El funcionario indicó que se iniciarán acciones administrativas, civiles y penales a las empresas petroleras actualmente involucradas a las que en el pasado se le hicieran llegar notas anunciándole que estaban cometiendo una actividad ilegal. 
Se remitirán notas de advertencia y asunción de riesgo a las empresas que podrían estar interesadas en las ilegítimas actividades advirtiéndoles sobre acciones civiles y penales que podrían iniciarse de comenzar a actuar directa o indirectamente en la zona.
 
Se  remitirán notas a accionistas institucionales de las empresas petroleras involucradas.

Se dará aviso de la ilegalidad de sus acciones a todos los entes reguladores bursátiles de las empresas involucradas en actividades ilegales para que brinden información sobre la controversia existente.

Se dará aviso de asunción de riesgo a los estados de pabellón de buques , artefactos y a estados en las que se encuentren constituidas.
 
“Esta estrategia judicial no se limitará a acciones desarrolladas en la Argentina sino que se proyectará al exterior”, dijo y agregó que “a fin de multiplicar el efecto disuasorio sobre las empresas, se acompañará con la debida publicidad y se informará a las cámaras empresarias sobre estas acciones”.
 
La Cancillería se encuentra coordinando un grupo de trabajo junto a la Procuración del Tesoro, la AFIP, la secretaría de Justicia de la Nación y la secretaría de Energía, a los efectos de implementar la estrategia propuesta en representación del Estado y que se hará tanto a nivel nacional como en el extranjero. A través de la Comisión Nacional de Valores se solicitará que la Bolsa de Valores de Londres instruya a las empresas que coticen en sus mercados bursátiles e informen sobre los riesgos por estar contraviniendo las acciones de la ONU y la legislación de la Argentina.



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