El equipo de eurodiputadas se ha desplazado a España para analizar la relación entre la reforma y el "Informe Auken" de 2009, una investigación del propio comité sobre el desarrollo urbanístico en el litoral español. Consideran que se ha empleado de manera interesada.

Las ONG han insistido en los siguientes puntos:

  • La reforma de la ley crea más inseguridad jurídica, no menos, como insiste el gobierno.
  • Al legalizar construcciones ilegales y reducir la zona de servidumbre a proteger, la reforma desprotege la costa en lugar de ofrecer más protección.
  • El proyecto de ley, promovido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no tiene en cuenta las recomendaciones para mejorar la protección del litoral, publicadas por la Agencia de Evaluación y Calidad, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • La ley es absolutamente irresponsable dada la alta vulnerabilidad del litoral español ante las consecuencias del cambio climático en el siglo XXI, identificadas por numerosos estudios científicos y la reconocidas por la propia Oficina de Cambio Climático del gobierno.
  • El Gobierno no ha sido transparente con la sociedad civil. En cambio, la cartografía y redacción detalladas del proyecto de ley ante el Congreso indican que es una ley hecha a medida para favorecer determinados intereses políticos, económicos y urbanísticos y se han favorecido deliberadamente estos intereses particulares en lugar de fomentar la transparencia y velar por el interés general.

A su vez, la delegación de tres eurodiputadas ha expresado su indignación y asombro ante la reforma de la ley y la utilización interesada y parcial del “Informe Auken” en la Exposición de Motivos de la misma. Asimismo, el Comité ha indicado su preocupación por los siguientes puntos:

  • La falta de racionalidad en la selección de las zonas a proteger en diez municipios específicos.
  • La irresponsabilidad del gobierno ante las previsiones del cambio climático y el gasto adicional para los contribuyentes que supondrá proteger zonas urbanas en el litoral.
  • La evidente movilización de intereses económicos ante la previsible aprobación de la nueva ley en los próximos días indica que ley no mejorará la protección de la costa, sino al revés.
  • Al legitimar de manera retroactiva un modelo urbanístico insostenible, ilegal y antiestético, la nueva ley desincentiva el turismo de calidad que se pretende fomentar en España.

En conclusión, el Comité ha invitado a las ONG a comparecer en una próxima sesión. Si la reforma de la ley se aprueba sin cambios sustanciales, solicitará una comparecencia de la Comisión Europea y las autoridades españolas para investigar los múltiples incumplimientos de derecho comunitario.



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