La comisión permanente de la Comisión de Medio Ambiente de Balears acordó en su sesión del pasado mes de junio, tal y como publicó ayer el BOIB, un acuerdo que afecta a la planta fotovoltaica de Cala Saona, construida por la empresa TSK,por el que se insta a la conselleria balear de Comercio, Industria y Energía a que proceda a la adopción «de medidas sancionadoras de disciplina ambiental». Entre ellas propone «la apertura de un procedimiento sancionador». El objetivo es la «reposición del Delphinium pentagynum formenterense, si es posible, y solicitar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados». Esta planta es un endemisno exclusivo de Formentera, no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, y su situación está oficialmente catalogada en peligro crítico.

Las medidas fijadas por el acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente se basan en el informe emitido el 19 de junio de este año por la dirección general de Caza, Protección de Especies y Educación Ambiental y se realiza en base a que «esencialmente las obras están acabadas». Otro acuerdo está relacionado con el vallado que rodea las placas solares. En una resolución anterior se contemplaba el vallado de todo el terreno de unos 50.000 metros cuadrados, pero ahora la Comisión de Medio Ambiente considera que no se debe modificar.

Una planta polémica

La planta de Cala Saona es una instalación promovida por la empresa de ingeniería y suministro de instalaciones gijonesa TSK. En su página en Internet aparece una noticia referente a su presencia en la isla en el sentido de que «TSK ha finalizado la instalación de una planta fotovoltaica de 2,1 megavatios en la isla de Formentera que ha sido ejecutada en cinco meses». Continúa describiendo la instalación como «la única existente en la isla y no sólo destaca por su tamaño y por el tipo de tecnología aplicada, sino también por la rapidez de montaje que ha conseguido TSK y por el respeto al medio ambiente». Los datos ofrecidos por la citada compañía indican que la planta generará casi tres millones de kilovatios año y se divide en 19 plantas de 100 kilovatios nominales.

Cuando la Comisión de Medio Ambiente aprobó el proyecto y la conselleria de Comercio, Industria y Energía, con el entonces conseller José Juan Cardona al frente, declaró la iniciativa de «utilidad pública», en mayo de 2007, ya se indicaba en el informe de impacto ambiental que se había detectado la presencia de dicha planta y se instaba a acotar las zonas donde se había detectado con la prohibición expresa de paso para las máquinas pesadas.

Cuando el nuevo equipo de gobierno de GxF y PSOE llegó al Ayuntamiento-Consell de Formentera, después de las elecciones de 2007, se encontró con la declaración y sin posibilidad de reaccionar. Lo que más molestó a los nuevos gobernantes fue la deforestación de sabinas y pinos que la empresa promotora realizó para montar las placas fotovoltaicas.



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