El pasado 19 de diciembre, desde el Ministerio para la Transición Ecológica, se lanzó una consulta pública previa para la elaboración de la “Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética”, y mejorar el bono social, a la que ha respondido Ecologistas en Acción.

Para esta organización el funcionamiento del mercado eléctrico español, que considera la energía como un producto y no como un servicio esencial y un derecho de todo ciudadano está generando un fenómeno denominado “pobreza energética” al que se llega debido a la desigualdad presente en nuestra sociedad.

Nos encontramos frente a una tremenda paradoja, en la cuál una persona con un trabajo de jornada completa remunerado económicamente no tiene la capacidad de cubrir necesidades básicas como vivienda, agua, energía, alimentación, salud, comunicación, formación y educación.

El acceso a una cantidad justa de energía asequible y fiable debería ser un derecho y no una mercancía, puesto que afecta a la calidad y dignidad de vida de las personas.

Los factores que han de tenerse en cuenta son en primer lugar el nivel de ingresos, seguido por las circunstancias especiales de cada unidad familiar (aunque también debería hacerse un “repaso” a la definición de unidad familiar, considerando otras formas de convivencia, como son los pisos compartidos o las parejas de hecho, por ejemplo).

La relación de gastos extra que las familias deben acometer debido a esas circunstancias especiales, como mayores gastos en sanidad, recursos de ayuda, movilidad, etc, contribuyen a incrementar sus dificultades económicas.

Se hace necesario evaluar el gasto energético de la vivienda, y analizar si es el más óptimo y si se están aprovechando los recursos de manera adecuada o por el contrario se está haciendo un uso poco eficiente de la energía.

Bono social

Para Ecologistas en Acción el actual sistema de bono social eléctrico no se ajusta a la realidad de la población a la que se dirige porque:

  • Un descuento fijo no es una solución adecuada a cada circunstancia. Habría que considerar realizar un descuento proporcional a cada caso en concreto, estableciendo una tabla de rentas y sus correspondientes descuentos en proporción a su renta, incluyendo a las familias numerosas. En algunos casos extremos, ni siquiera podrán pagar nada.
  • El procedimiento de solicitud y la documentación requerida resulta excesiva, teniendo en cuenta el público vulnerable al que va dirigido, pudiendo hacerse de manera simplificada si se cruzan datos entre la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y los Servicios Sociales. De este modo se genera directamente un listado de beneficiarios del bono social sin trasladar al usuario la responsabilidad.
  • Existe una parte de la población a la que por su situación irregular no se está llegando: como inmigrantes sin documentación o familias en situación de ocupación de viviendas, por ejemplo. Todas estas circunstancias les convierten en invisibles para la administración pública, pero sin embargo se trata del grupo poblacional más vulnerable.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones que Ecologistas en Acción ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica destacan:

  • Deberían ser las propias compañías eléctricas en este caso, las COR o comercializadoras de referencia, que son las únicas habilitadas a día de hoy para facilitar el descuento por bono social) quienes deberían automáticamente optimizar los contratos de suministro eléctrico comprobando:
  1. Si el término de la potencia contratada se ajusta a la demanda real o por el contrario está por encima de los picos de demanda de consumo del usuario, con lo que estaría pagando una sobrepotencia que encarecería de manera innecesaria su factura (tengamos en cuenta que esta parte de la factura supone el 40 % del total).
  2. Si la tarifa contratada es la adecuada para el usuario o por el contrario puede beneficiarse de la discriminación horaria, donde el usuario no pagará peajes de acceso en el consumo de electricidad en el periodo valle, que comprende 14 horas diarias.
  • Hacer una auditoría energética, al menos básica, a estas viviendas para incluir medidas de eficiencia energética sin inversión económica o de baja inversión.
  • Eliminar los impuestos en las facturas beneficiarias del bono social o adecuar el tipo de IVA a la circunstancia.
  • Implicar al usuario, facilitándole un curso de formación en factura eléctrica básica y ahorro por medio de la eficiencia energética, de manera que sea parte de la solución.

Energía

  • Llevar a cabo políticas de rehabilitación energética preferente en aquellas viviendas habitadas por beneficiarios del bono social desde las administraciones públicas.
  • Ampliar el bono térmico, no solo para calefacción, sino también para refrigeración, puesto que nuestro país tiene cinco zonas climáticas y no se contemplan las zonas más afectadas por las olas de calor.
  • Ampliar el límite de energía con derecho al descuento mientras no se tomen medidas por parte da la administración para formar e informar al usuario sobre cómo modificar hábitos de consumo y optimizar el recurso energético al máximo.
  • Eliminar como beneficiarias del bono social a las familias numerosas solo por el hecho de serlo, aplicándolo como una circunstancia especial y seguir el criterio de renta, como con el resto de las personas beneficiarias.
  • Aumentar el importe en los baremos de renta, teniendo en cuenta el SMI en lugar del IPREM.
  • Adecuar el porcentaje del descuento a la renta del beneficiario sumado a sus circunstancias especiales en lugar de dejarlo fijado en un 25% y un 40%.

Fuente: Ecologistas en Acción,

Artículo de referencia: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=113357,



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