Greenpeace considera que, en la actual legislatura, el Gobierno ha llevado a cabo una política de apoyo explícito a la energía nuclear y al resto de energías sucias, como el carbón. Además, ha emprendido una intensa campaña de acoso y derribo a las energías renovables, liderada por el ministro Miguel Sebastián. Esta campaña ha afectado muy negativamente a la imagen internacional de España como país pionero en las energías renovables, y está provocando que resulte menos atractivo para la inversión en energías limpias, lo que condena al paro a miles de trabajadores del sector renovable.

“La prueba definitiva de que el ministro Sebastián se ha convertido en una pieza clave del lobby nuclear es su proyecto de construir un cementerio nuclear centralizado, ignorando el enorme rechazo social, territorial y político que ha provocado”-  ha declarado Carlos Bravo, Responsable de la Campaña Nuclear de Greenpeace.

ATC, la opción más costosa

Según la organización ecologista, no está justificada ni la urgencia ni  la necesidad del cementerio nuclear centralizado (ATC) puesto que varias centrales aún tienen capacidad de almacenamiento en sus piscinas, y las otras cuentan con Almacenes Temporales Individualizados (ATI).

Además, el ATC es la opción más costosa: su coste total superará los 1.400 millones de euros frente a los 100 millones de euros, aproximadamente, que supondrían todos los ATI restantes. Asimismo, la organización defiende que el ministro Sebastián no tiene intención de cumplir el compromiso de poner en marcha el prometido plan de cierre de las centrales nucleares.

Ya en 2009, cuando terminaba su licencia de explotación, Sebastián se mostró partidario de extender la vida operativa de la central nuclear de Garoña diez años más y fue responsable de que se decidiera prorrogar su funcionamiento hasta 2013, aunque el presidente Rodríguez Zapatero admitió entonces que la central era perfectamente prescindible. De hecho, España es netamente exportadora de electricidad y en 2008 se exportó tres veces más electricidad de la que produjo Garoña.

Greenpeace recuerda que la campaña de desprestigio del Ministerio hacia las renovables trata de limitar al máximo su desarrollo y está motivada por los intereses de las grandes compañías eléctricas. Éstas, como propietarias del parque nuclear, ven cómo se pone en riesgo la continuidad de las centrales nucleares ante el aumento de las renovables.

Según recuerda Greenpeace, en los últimos meses han sido constantes las declaraciones del ministro Sebastián a favor de la energía nuclear y sobre la supuesta necesidad de mantener operativo el parque nuclear. Esta postura contradice el compromiso del PSOE y del Gobierno socialista de poner en marcha un plan de cierre de las centrales nucleares y su sustitución por energías renovables (“energías limpias, seguras y menos costosas”, según su propio programa electoral).

Greenpeace demanda una puesta en marcha urgente de un calendario de cierre de las centrales nucleares para poder implementar a gran escala las energías renovables en el sistema eléctrico y para reducir la producción de los residuos radiactivos.



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