Barcelona ya dispone de la Tarjeta Verde para disminuir la contaminación

Y es que, tal como señala el informe “Descifrando al No Viajero”, elaborado por la propia ATUC y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), hay 635.800 barceloneses no usuarios de transporte público, de los que el 30,3% lo empezaría a utilizar si se abarataran los precios.

Es por ello que, desde la asociación del transporte público, que agrupa a operadores como Transports Metropolitans de Barcelona, Tram o Ferrocarrils de la Generalitat, se pide extender la tarjeta verde al resto de grandes urbes españolas, propiciando así el cambio en la forma de desplazarse de sus ciudadanos.

De esta manera, y al igual que con los coches se desarrolló un Plan de Incentivos al Vehículo Eficiente o Plan PIVE de carácter estatal, que tuvo su germen local en algunas comunidades, para ayudar a la compra de un vehículo nuevo a cambio del viejo, se podría trasladar la misma filosofía al transporte público. En este caso, ofreciendo abono gratis durante un tiempo siempre y cuando se dé de baja el coche. Esta iniciativa podría articularse en un Plan de Incentivos al Transporte Urbano Colectivo o Plan PITUC, señala en un comunicado.

“Lo cierto es que en Barcelona predomina la percepción de que el transporte público es la mejor solución a los problemas medioambientales, incluso entre aquellos que no lo utilizan, tal como aseguran el 85,8% de ellos. De este modo, hay una apreciación clara de que la contaminación es un problema. Máxime, cuando el parque automovilístico es cada vez más viejo y, por tanto, más contaminante“, explica.

La Tarjeta Verde para reducir la contaminación

En concreto, por Barcelona ruedan más de 350.000 vehículos con 10 años o más, en los que precisamente puede incidir la Tarjeta Verde en mayor medida, con su consecuente impacto en el medio ambiente.

Es más, hay 176.000 vehículos que circulan por la Ciudad Condal con más de 15 años de antigüedad, según datos de Solera, por lo que su valor en el mercado sería inferior a los 4.860 euros que, con los precios actuales, costaría desplazarse en transporte público dentro de las seis zonas tarifarias a lo largo de tres años, a cambio de achatarrar el vehículo y de no poder comprar uno nuevo durante la vigencia de la Tarjeta Verde. “No se trata, pues, tanto de un esfuerzo “monetario” como del cambio radical de hábitos que le supone a un ciudadano acogerse a este plan“, dice ATUC.

Según su secretario general, Jesús Herrero, “apostar por el transporte público no debe ser un mero eslogan. Necesitamos idear nuevas formas de propiciar los cambios y que los ciudadanos se muevan por la ciudad de manera sostenible y no contaminante. Convendría estudiar su aplicación en otras ciudades, pero también es fundamental articular bien la medida desde el punto de vista de la financiación. El problema es que nos falta esa ley de financiación que regularía las medidas de fomento del transporte público”.



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