A Bruselas se le ha acabado la paciencia. Europa llevará a España ante los tribunales comunitarios si no soluciona los graves problemas de contaminación atmosférica que sufren algunas de sus ciudades, especialmente Madrid y algunos municipios del área metropolitana de Barcelona, Andalucía y Asturias.

Pese a las constantes advertencias, Madrid superó en 2017 los niveles de contaminación atmosférica del año anterior -especialmente en el caso de los muy nocivos dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión de menos de 10 micrómetros, conocidas como PM10- e incumplió por octavo año consecutivo los niveles máximos que permiten tanto la Unión Europea (UE) como la Organización Mundial de la Salud y está pendiente de una sanción comunitaria por este motivo.

Los ministros responsables de Medio Ambiente de España, Alemania, Francia, Italia, Chequia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y el Reino Unido fueron convocados la semana pasada por la Comisión Europea a una cumbre sobre la calidad del aire para ser apercibidos por última vez antes de que el ejecutivo comunitario recurra al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que decida si sus incumplimientos son sancionables.

“La gravedad y urgencia de la contaminación atmosférica y la ausencia de progresos satisfactorios observados en relación a estos nueve Estados miembros requiere de respuestas efectivas y oportunas”, afirmó la CE en el comunicado en el que anunciaba la reunión. La CE estima que 400.000 personas han fallecido prematuramente en los 28 países miembros como consecuencia de este problema y que millones de personas padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares provocadas o agudizadas por la deficiente calidad del aire.

Solamente el gobierno municipal de la coalición de izquierdas Ahora Madrid ha adoptado medidas de restricción del tráfico de vehículos, del aparcamiento en el centro y de la velocidad máxima permitida que han sido duramente criticadas por el Gobierno del PP pese a que han conseguido resultados tangibles a finales del año pasado. El último Plan Nacional de Calidad del Aire aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente para los próximos dos años no contempla actuaciones concretas en este sentido.

Estar al borde de ser enviado al TJUE por cuestiones ambientales no es en absoluto una situación nueva para el Ejecutivo de Mariano Rajoy: España tiene el triste honor de ser el país que acumula mayor número de infracciones medioambientales de la Unión. Y lidera esta penosa clasificación nada menos que desde 2015. En el último informe sobre la aplicación de la normativa europea, correspondiente a 2016, se señalaba significativamente que España había “empeorado en todos los indicadores”.



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