Lamentablemente las actividades humanas contribuyen a menudo a reducir la abundancia y distribución de las especies, incrementando así la probabilidad de que se extingan. La extinción es sólo de carácter local si existen más individuos de la misma especie en otras áreas geográficas, desde donde pueden recolonizar aquella de la que desaparecieron sus congéneres. Es más grave -por irreversible- cuando afecta a todos los individuos que componen una especie. Esta situación es particularmente problemática en aquellas que se originaron en un sistema insular y hoy solo ocupan algunas, o con suerte todas, las islas del archipiélago. En estos casos la desaparición de una especie en una isla puede suponer una pérdida irreversible de biodiversidad.
El esquema más extendido para estimar el riesgo de extinción tiene en cuenta el tamaño del área de distribución de las especies, su abundancia en número de individuos y su tendencia poblacional, de forma que las especies más amenazadas son las que están presentes en pocos lugares, tienen un pequeño número de ejemplares y han seguido un decremento poblacional en los últimos años. El grado de amenaza se resume en unas pocas categorías que se publican en las listas (o libros) rojos de conservación y en los catálogos de especies amenazadas, éstos con carácter normativo.
Un problema de gestión acuciante en sistemas insulares es que, en virtud de su naturalmente pequeña área de distribución y escasez, muchas especies que viven en islas se meten en el mismo cajón reservado a los grados de amenaza más elevados. Al abrirlo, los gestores del medio natural se sienten abrumados por la gran cantidad de especies que deben sacar de ahí y llevarlas a ese otro cajón con la etiqueta de "no amenazadas". Pero ¿cuál sacar primero?
El estudio
En un estudio sobre aves terrestres canarias, publicado recientemente en Journal for Nature Conservation por investigadores del Grupo de Ecología Terrestre de la Universidad Autónoma de Madrid, el Museo de Ciencias Naturales (CSIC) y la organización no gubernamental SEO/BirdLife, fue propuesto un sencillo modelo para evaluar la amenaza de las especies, basándose en los tres componentes habituales (área de distribución, número de individuos y tendencia poblacional) más el grado de singularidad (si habita solo un archipiélago o se comparte con el continente). Este modelo proporciona una descripción continua del riesgo de pérdida de biodiversidad, es decir, pone en fila a las especies según su grado de amenaza en vez de introducirlas todas en un mismo cajón.
Así por ejemplo, el cuervo (Corvus corax subsp. tingitanus) y el pinzón azul de Tenerife (Fringilla teydea subsp. teydea) estaban amontonados en el mismo cajón de especies en peligro tanto en el libro rojo como en el catálogo normativo vigente en la fecha de publicación del artículo, pero se encuentran bien separados en la ominosa fila de amenaza: el cuervo está varios cuerpos por delante del pinzón.
Este modelo es en parte coherente con las categorías de amenaza dadas por el catálogo normativo y el libro rojo, aunque revela que en estos documentos ni están todas las que son, ni son todas las que están. Esto es así porque ninguno de esos documentos considera las tendencias poblacionales (o si lo hacen esto no se manifiesta en sus resultados) y por una tendencia a sobrevalorar las especies propias de las islas pero localmente abundantes (como las palomas de la laurisilva, Columba bollii y C. junoniae). Otras especies parecen desatendidas, como la abubilla (Upupa epops) y el gavilán (Accipiter nisus), que son más escasas de lo que cabría esperar para ellas según sus características.
Los grupos taxonómicos y las áreas geográficas en los que se evalúa la amenaza de las especies son muy variados y, con el tiempo, las especies cambian su estado de conservación y los catálogos y listas se van modificando. Sin embargo, el estudio en cuestión va más allá de ser una mera aplicación de un modelo a un contexto local. Su mensaje más importante es que el análisis de las características naturales de las especies debería subrayarse en los ejercicios de estimación de su grado de amenaza y en el establecimiento de prioridades de conservación.
