En un debate en Luxemburgo con sus colegas europeos y con el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, Arias Cañete ha dejado claro los "problemas" que España tiene con la propuesta de Bruselas de obligar a los Estados miembros a gastar el 25% de su sobre para desarrollo rural en determinadas medidas medioambientales.
España considera "excesivamente restrictivo" el abanico de opciones definido por el Ejecutivo comunitario y reclama que se incorporen otras acciones "relevantes para el objetivo medioambiental" como prácticas forestales, los apoyos a la red Natura 2000 o los subsidios concedidos para los objetivos de la directiva marco Aguas.
En declaraciones a la prensa previas al debate con el resto de ministros europeos, Arias Cañete ha insistido en que el 25% es "excesivo" y puede "condicionar mucho la actuación de las comunidades autónomas e impedir que éstas puedan agotar los fondos a su disposición".
El ministro también ha dicho que España podría levantar sus reservas si se "incrementan las posibilidades de destinos medioambientales" de los fondos de desarrollo rural para incorporar una "ambiciosa" política forestal y otros retos. "Si se hacen más acciones podríamos estar en condiciones de asumir esos porcentajes. Si no, el porcentaje nos parecería absolutamente excesivo", ha señalado.
Los ministros de Agricultura de la UE continúan este lunes las discusiones para avanzar en la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que la Unión Europea quiere poner en marcha desde 2014 y lo hacen con el debate centrado en distintos elementos del desarrollo rural.
España ha pedido que se tenga en cuenta el contexto de dificultades económicas acentuado por la crisis financiera y de deuda para permitir a las regiones en transición "una cofinanciación diferenciada del 75%".
El objetivo, ha explicado Arias Cañete, sería "facilitarles el acceso a los programas de desarrollo rural en una situación de fuerte restricción presupuestaria como la que estamos atravesando".
Además del 25% de los fondos condicionados al medio ambiente, los ministros han mostrado su posición respecto al nivel de cofinanciación europeo para las políticas del segundo pilar que, según la propuesta de Bruselas, oscilaría entre un 50% para mejoras en general en materia de desarrollo rural hasta un 80% para zonas desfavorecidas.
Sobre este punto, España ve "positivo" el aumento de cofinanciación máxima para determinadas medidas, pero pide especial atención para otras vinculadas al cambio climático y a políticas agroambientales. Además ha pedido que se permita la "coexistencia" de planes nacionales junto a los regionales en determinadas áreas para "abordar objetivos ambiciosos" en "todo el territorio".
