Los riesgos de los cultivos transgénicos para la salud de los consumidores y para el medio ambiente se mantienen desde hace tiempo y sigue sin garantizarse la segregación y no contaminación de estos cultivos respecto de los de la agricultura convencional y la ecológica. Tampoco se garantiza la trazabilidad y el adecuado etiquetado que permita a los consumidores poder elegirlos o eludirlos.

Mientras en España el número de hectáreas cultivadas con organismos modificados genéticamente crece año tras año, otros países europeos adoptan criterios de precaución estableciendo cada vez más moratorias o prohibiciones a su cultivo que protegen a la agricultura y a los consumidores. El Gobierno se resiste a modificar la normativa para establecer un régimen de responsabilidad adecuado y para asegurar la no contaminación de la producción agraria no transgénica. No podemos seguir posicionándonos en contra de la tendencia hacía niveles más altos de precaución y ser presos de una industria que condiciona de manera alarmante la soberanía alimentaria y la sostenibilidad de la agricultura.



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