Ahora podrá construirse una casa en las fincas rurales que no estén en terrenos protegidos por la legislación sectorial y tengan más de 6 hectáreas.

Con esta nueva ley, Madrid se iguala a la mayoría de Comunidades Autónomas, que permiten ya la construcción de viviendas rurales aisladas en suelo no urbanizable sin protección. Igualmente, Madrid avanza en la línea de otros países donde ya son posibles este tipo de viviendas. Los requisitos exigidos en la ley son más rigurosos que los contemplados por otras regiones en esta materia.

Mientras la superficie mínima de parcela exigida en Madrid es de 6 hectáreas, en Cantabria es tan sólo 0,5 hectáreas, o 2 hectáreas en Murcia y Extremadura. Mientras la altura máxima de la edificación en Madrid son 3,5 metros y una planta, en Cantabria, por ejemplo, se autorizan hasta 8 metros y dos plantas. Nuestra región fija una distancia mínima entre dos viviendas de 250 metros frente a los 10 metros mínimos de, por ejemplo, Cantabria.

La ley se refiere fundamentalmente a suelos en el campo, en el medio rural, no a lugares de alto valor ecológico que están protegidos por Ley Sectorial, por lo que quedan excluidos los Parques Regionales, Reservas de la Biosfera, o espacios incluidos en la Red Natura 2000. Además, todas las actuaciones estarán controladas por los organismos sectoriales, que establecerán los límites de acuerdo con la legislación vigente.

Con esta nueva iniciativa se alienta la conservación del medio ambiente. Los propietarios adquirirán unos compromisos de conservación y respeto medioambiental Las viviendas deben ser de una sola planta que no modifiquen la rasante natural del terreno y con el menor impacto visual posible. También deben conservar el arbolado existente en las parcelas e incluso replantar cinco ejemplares por cada uno dañado.

La ley también fija que los propietarios estarán obligados a realizar a su costa la totalidad de las obras de acondicionamiento e instalaciones, así como a garantizar la sostenibilidad de su vivienda, sin poder exigir ni a Comunidad ni a Ayuntamientos ninguna inversión relacionada con el suministro de agua, luz, gas, recogida de basuras o accesos. Ahora, el Gobierno regional envía este Proyecto de Ley a la Asamblea regional.

Ecologistas: despotismo injustificable

La plataforma Antivirus, de la que forma parte Ecologistas en Acción, ante la aprobación del proyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, apodada ley Virus por el nefasto efecto que tendrá sobre el medio rural, califica la decisión de grave error, carente de justificación. La plataforma lamenta que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se doblegue al capricho de la Presidencia del Gobierno e ignore los argumentos de peso aportados por técnicos, académicos, asociaciones de arquitectos, asociaciones ecologistas y partidos políticos solicitando la retirada de la ley.

La Plataforma Antivirus, formada por organizaciones ecologistas, académicos, colectivos de arquitectos, partidos políticos, entre otros, lamenta el despotismo se opone a la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, Ley Virus por:

  • Tendrá efectos ambientales irreversibles: El consumo de suelo, la apertura de caminos, el cierre de fincas, y la presencia humana y de animales domésticos, supondrán una fragmentación y degeneración de los hábitats naturales, su flora y su fauna, un aumento del riesgo de incendio, y mayor dificultad en las tareas de evacuación.
  • Destruirá la economía agraria: El aumento de valor del suelo, como consecuencia de las expectativas urbanísticas que se generarán, hará inviables los usos rurales. Va en contra, y hace inviables, los modelos de revitalización propuestos por la Unión Europea: fomento de la agricultura, producción de calidad, y turismo rural.
  • Impone un modelo de ordenación territorial insostenible: La dispersión de usos urbanos por todo el territorio, genera infraestructuras y servicios ineficientes, y de difícil gestión, cuyo mantenimiento corresponderá a todos. Fomenta una movilidad insostenible.
  • Afecta a derechos y deberes constitucionales: Restringe el derecho al disfrute del medio, anteponiendo el interés privado al bien común. Se delega en los propietarios del suelo la función de protección asignada por la constitución a las administraciones públicas. Se aumenta el valor del suelo, sin contraprestación alguna para la colectividad, lo que favorecerá la especulación.
  • Elimina las garantías de protección sobre el medio ambiente: Vulnera del principio de excepcionalidad en las actuaciones sobre suelo protegido, al establecer una autorización con carácter general. Se impone sobre los Planes Generales de Ordenación, a los que corresponde la ordenación municipal. Elimina la participación pública y de los organismos responsables de la protección del medio, fomentando el fraude y la ilegalidad.
  • No responde a ninguna necesidad: En la legislación actual ya se contempla la posibilidad de vivienda asociada a actividades rurales, además de existir miles de parcelas no ocupadas en urbanizaciones dispersas.
  • Degradará los hábitats naturales, debilitará la economía rural, afectará al derecho constitucional del disfrute de todos al medio ambiente, impondrá un modelo de ocupación del territorio insostenible, propiciando la ilegalidad..
  • ¿A quién beneficia, entonces? Únicamente a los propietarios de grandes parcelas.

La plataforma Antivirus intentará que la nueva ley sea recurrida en el Tribunal Constitucional por incumplir normativa estatal. Denunciará los hechos ante la Comisión y el Parlamento Europeos por contravenir normativa europea e iniciará una campaña de divulgación entre los ciudadanos para que sepan que mientras miles de ciudadanos son desahuciados, el Gobierno regional se empeña en favorecer a terratenientes.