Los firmantes también resaltan que la defensa del medio ambiente se ha convertido en una tarea cada vez más complicada en la comunidad autónoma y que las vías de participación que contempla la legislación se están deteriorando.

Las organizaciones sociales no están ni suficiente ni correctamente informadas, y sus voces están siendo acalladas con críticas y menosprecio por parte del Gobierno andaluz, por lo que exigen un cambio de comportamiento y soluciones para los conflictos ambientales de la región.

Además, bajo el ficticio argumento del desarrollo sostenible, las organizaciones están siendo testigos de una creciente permisividad de la Junta con las empresas, las constructoras y las industrias más contaminantes y depredadoras de recursos naturales. Por otra parte, los firmantes del manifiesto consideran que se priorizan los intereses económicos de unos pocos frente al cumplimiento de la legislación y al respeto básico del derecho al medio ambiente y a la salud de la población andaluza.

“La Junta de Andalucía no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de su patrimonio natural y seguir callada frente a las demandas de los colectivos que exigen a sus representantes una solución frente a los graves conflictos ambientales”, ha declarado Pilar Marcos, portavoz de Greenpeace.

La política de “cosmética  ambiental verde” que la Junta de Andalucía abandera debe traducirse en hechos reales frente a ejemplos como la contaminación en Huelva, Algeciras o la Mina Las Cruces, el urbanismo depredador en El Algarrobico, Las Aletas (Cádiz), la innecesaria ampliación del puerto de Tarifa o las agresiones dentro de supuestos Espacios Naturales Protegidos.



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