En el Pleno de la Cámara, Paulino Rivero ha explicado que al recurso que ya ha presentado la Comunidad Autónoma contra la decisión del Consejo de Ministros se sumará en los próximos días la presentación de un nuevo contencioso-administrativo en el TS para paralizar las autorizaciones concedidas a Repsol por el Gobierno del Estado.
  
En su intervención, Rivero insistió en que el Gobierno de Canarias "va a utilizar todos los instrumentos que le da el estado de derecho para impedir que quienes hoy nos niega lo que nos pertenece hipoteque nuestro futuro".
  
Rivero apuntó que la autorización del Consejo de Ministros "puede hipotecar el futuro de Canarias porque tiene en sus recursos naturales los principales valores con los que desarrollar una economía más competitiva, de más calidad, más diversificada y sostenible en el tiempo".
  
Este modelo, según el presidente canario, "apuesta por la calidad, la excelencia y por que Canarias sea un territorio libre de emisiones", por lo que quiso dejar claro que es "absolutamente incompatible" con llevar a cabo prospecciones en el entorno de las aguas del archipiélago.
  
Unidos contra las prospecciones

El Gobierno de Canarias, el Cabildo y los seis ayuntamientos de Fuerteventura han concretado las próximas acciones a realizar de manera coordinada para frenar entre todas las instituciones y la ciudadanía la autorización otorgada por el gobierno español mediante real decreto para instaurar la industria petrolera frente a las costas de Canarias.

Así, estas acciones serán coordinadas de manera conjunta desde distintos ámbitos, jurídico e institucional -desde el plano local hasta el internacional-, y también  teniendo en cuenta a la ciudadanía y a la comunidad científica en las acciones divulgativas, comunicativas y de movilización social.

Según informa la Corporación insular en un comunicado, el presidente del Cabildo, Mario Cabrera, presentó el borrador de un plan de trabajo elaborado desde la institución insular en este sentido.

"El objetivo es mantener una coordinación permanente en materia de acciones judiciales entre todas las administraciones, designando personas responsables que desde cada parte se ocupen de intercambiar toda la documentación necesaria antes de tomar cualquier medida. También animamos a todos los ayuntamientos a que se sumen o se adhieran a estas acciones judiciales en los correspondientes recursos", dijo.

"Los estudios realizados -apuntó Paulino Rivero- nos indican que en Fuerteventura y en Lanzarote, en torno al 50% de su PIB y de su población activa depende directamente del turismo. Por lo tanto mantenemos una posición firme en cuanto a que no podemos permitir que se ponga en riesgo nuestra principal actividad económica para favorecer una industria cuyos beneficios para la economía canaria no están constatados".

Mientras, todos los asistentes coincidieron en que todo este asunto gira a en torno a un modelo económico que funciona y que es beneficioso para Canarias, y que únicamente vale la pena modificar en la línea de potenciar las energías renovables en el archipiélago para reducir la dependencia energética del exterior, en lugar de favorecer la industria petrolera.



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