Las reacciones de los principales partidos no se han hecho esperar. La portavoz del PP en el Congreso en materia de Medio Ambiente, María Teresa de Lara, ha celebrado la publicación de la orden ministerial porque "no se puede desperdiciar energía".

La portavoz popular ha tachado esta decisión de "inteligente" porque, según ha señalado, Garoña "ha pasado los controles que tenía que pasar" y el CSN "dijo que podía seguir funcionando al menos hasta 2019".

CiU también apoya la decisión. El portavoz de Economía de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, ha señalado que el PSOE dictaminó una orden ministerial para el cierre en 2013 de la centralde Garoña "por motivos electoralistas", al tiempo que ha insistido en que confía en las garantías que concedió el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su informe en febrero de que la central puede seguir operando hasta 2019.

UPyD se suma a esta opinión. El "número dos" de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, cree que es una "decisión acertada".

Martínez Gorriarán coincide con el Ejecutivo de Mariano Rajoy en que la instalación atómica puede seguir funcionando. "En época de crisis no se está precisamente para perder inversiones productivas. Es una central amortizada y que produce energía a un precio competitivo, muy importante en la época, porque en España el sobrecoste siempre ha sido un problema", ha defendido.

Sin embargo, la portavoz del PSOE en materia de Medio Ambiente, Leire Pajín, ha recordado al Gobierno que Garoña ha cumplido su misión y debe ser sustituida por energías limpias.

La portavoz socialista advierte de que desde el desastre nuclear de Fukushima se abrió un nuevo escenario a nivel internacional que provocó que países como Alemania, por ejemplo, apostaran por cerrar instalaciones atómicas e impulsar las energías alternativas y limpias, en detrimento de las nucleares. "El Gobierno está haciendo todo lo contrario", insiste la portavoz socialista.

Izquierda Unida también se opone a esta decisión. El responsable federal de Energía y Medio Ambiente de IU, Adolfo Barrena, ha denunciado que el Gobierno se pliega al "lobby nuclear" y a sus intereses "puramente" económicos con la "apuesta nuclear del Gobierno y del conjunto del PP".

De este modo, el dirigente federal de IU advierte de que el Ejecutivo adopta esta decisión de prolongar la vida activa "de la vieja y obsoleta central de Garoña a pesar de las amenazas y riesgos que supone para la seguridad, la salud y el medio ambiente, en especial en el valle del Ebro".

Equo se adhiere al rechazo de la decisión y ha criticado al Gobierno porque defiende más los intereses privados que los de la ciudadanía.

Equo estima que la decisión materializada este martes, con la publicación de la revocación de la orden de cierre en el BOE es "un paso más en la clara apuesta de este gobierno por las energías más contaminantes y peligrosas frente a las renovables".

Greenpeace y Ecologistas en Acción

Greenpeace y Ecologistas en Acción recurrirán la orden, ya que consideran "temerario" que la central nuclear continúe funcionando.

La responsable del área de Energía y de Centrales Nucleares de Greenpeace, Raquel Montón, ha anunciado que recurrirán la orden por "ignorar" tanto las alegaciones presentadas como a la Administración del Estado que "está defendiendo la ratificación del cierre en el Tribunal Supremo"; y por "hacer caso omiso de las indicaciones de la Comisión Europea -que en la reforma para la estabilidad de España 2012-2015 indicaba que el déficit tarifario se ha visto favorecido por una compensación excesiva de algunas infraestructuras como las centrales nucleares-".

Según ha apuntado, en España hay "sobrecapacidad" de centrales térmicas y eléctricas paradas y, por tanto, considera "totalmente innecesario por cuestión de seguridad de suministro reabrir las nucleares". Además, ha añadido que "no mejora la dependencia energética española porque el combustible, el uranio enriquecido, se tiene que importar".

Por su parte, el portavoz de campañas antinucleares de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que permitir la ampliación de la vida útil de la instalación, es "ponerse al servicio de la industria nuclear e ir contra los tiempos", más aún, después del accidente de Fukushima cuyo reactor número uno -"que sufrió el accidente estando en mejores condiciones"- es, según ha apuntado, "idéntico al de Garoña".

Foro Nuclear

El Foro Nuclear considera que la modificación de la orden ministerial es "una decisión acertada y coherente" además de "una prioridad" pues 1.500 familias dependen de la instalación, que produce electricidad equivalente al 6,5% de la producción nuclear española. Además, ha subrayado que el conjunto del impacto económico en los últimos diez años de la central en su entorno se sitúa por encima de los 355,5 millones de euros destinados a compras, contrataciones, empleo, impuestos y tasas.

Municipios cercanos a centrales nucleares

La Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC) considera "correcta" la decisión del Ministerio, y pide que sea el CSN quien decida la vida útil de estas instalaciones y no el Gobierno.

En este sentido, el presidente de AMAC, y alcalde de Trillo, Francisco Moreno, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que, siempre que se tenga el visto bueno del CSN, y se cumpla con el informe emitido por el Consejo, la decisión será "correcta".

Agencia de Energía Nuclear de la OCDE

Por último, el director de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE, Luis Echávarri, considera que la decisión respecto a Garoña, que aspira a permitir la extensión de su vida hasta 2019, es "práctica habitual" en las centrales de los países miembro de la OCDE que hayan tenido "un buen mantenimiento y una buena experiencia operativa".

En este contexto, ha explicado que la OCDE lleva muchos años trabajando con las autoridades independientes de seguridad nuclear de los países miembro, en la investigación y análisis de las condiciones técnicas para la extensión de vida de las centrales atómicas.



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