Perduran las subvenciones a los combustibles fósiles

La evaluación europea sobre la legislación verde española especifica que "todavía subvenciona los combustibles fósiles, el carbón local, los automóviles de empresa y el gasóleo con respecto a la gasolina" cuando podría alcanzar los mismos objetivos políticos "de manera menos perjudicial para el medio ambiente"

La Comisión Europea ha analizado la aplicación de las leyes medioambientales en toda Unión. En el caso español, los agujeros están en la llamada fiscalidad verde, la gestión del agua y los residuos. De hecho, España es el tercer país por la cola en ingresos por impuestos verdes respecto a su Producto Interior Bruto.

Pero, ademas, se da la circunstancia que España es uno de los estados de la UE que más dinero público dedica a ayudas para los combustibles fósiles. Y en especial al gasóleo: "El diferencial diésel-gasolina no está justificado desde una perspectiva medioambiental", concluyen los técnicos de la Comisión. La diferencia entre el nivel impositivo de los coches de gasolina y gasóleo se sitúa en el 26%, calculan, lo que ha provocado la dieselización del parque. El diésel emite niveles más elevados de diversos contaminantes y "debería estar sujeto a impuestos más elevados".

De manera general, el informe del Ejecutivo comunitario especifica que "hay un margen claro para revisar los impuestos medioambientales especialmente en los sectores del transporte y la energía". Como apostilla, el texto indica que se han creado impuestos a la producción de energía eléctrica y el almacenamiento de residuos radioactivos aunque señala que la imposición a la extracción de gas y petróleo creada en 2015 tendrá efectos prácticos "insignificantes".

Poca transparencia con el agua

Otro gran reproche que hace Europa es sobre la gestión del agua. Varios aspectos le parecen a la CE cuando menos mejorables. Habla el estudio sobre la necesidad de una "política de precios adecuada" al asegurar que las tarifas están por debajo de la media europea. También subraya la "falta de transparencia en las subvenciones para el agua utilizada en la agricultura" y la obligación de "un mejor control de la extracción del agua". 

Sobre las infraestructuras, la Comisión reitera que "hay desalinizadoras construidas fundamentalmente en la costa mediterránea, algunas con apoyo financiero de la UE, que están infrautilizadas". La cuestión es que el precio del agua que ofrecen no les resulta interesante a los agricultores. También ve la CE como crucial abordar "la reducción de las fugas en las redes de suministro".



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