El Gobierno aprobó esta medida para hacer posible que todos los ciudadanos se beneficien de dicha rebaja con el objetivo de incentivar el uso del transporte público en la actual situación de encarecimiento de los costes del petróleo.

Para ello, el director General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, Manel Villalante i Llauradó, ha mantenido una reunión con los representantes de las comunidades autónomas en las que el transporte colectivo de viajeros por carretera y ferrocarril tienen tarifas que se encuentran bajo una estructura consorciada.

Con la rebaja de tarifas, el Gobierno pretende favorecer el uso del transporte colectivo de viajeros por carretera y ferrocarril para reducir la utilización de automóviles particulares en los accesos a las grandes ciudades. De esta forma, el consumo de combustibles derivados del petróleo se reduciría en un momento en que su precio ha registrado importantes aumentos.

Los cálculos técnicos indican que la reducción de tarifas durante cuatro meses podría suponer el ahorro de 5,9 millones de litros de combustible. Además, podrían evitarse 2,2 millones de desplazamientos por automóvil en los accesos a las grandes ciudades.

Para evitar que el efecto incentivador de la medida quedase diluido sin llegar al usuario, en los casos en que estas tarifas se encontrasen bajo una estructura consorciada, el Gobierno se ha comprometido a hacerse cargo del posible descenso de ingresos que pueda generar esta reducción en la venta de los títulos de transporte integrados en aquellas Comunidades Autónomas en las que se dé esta circunstancia.

Las estimaciones realizadas con los datos y las previsiones disponibles indican que el Gobierno de España podría destinar alrededor de 21 millones de euros para hacer frente a la reducción en las tarifas de los servicios de transporte de viajeros de cercanías y regionales (media distancia) convencional, con lo que se conseguirá que esta bajada se traslade de forma efectiva al precio final que abona el usuario.

En todo caso, la cifra final dependerá del número de viajeros que efectivamente utilicen estos servicios durante los cuatro meses que, en principio, estará en vigor la medida.

Ahora, serán los responsables de las citadas comunidades autónomas los que deban arbitrar las medidas necesarias para hacer posible la rebaja de precios.



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