Los servicios de mantenimiento de parques y jardines urbanos dependen principalmente del sector público. ASEJA siempre ha confiado en la Administración como el vehículo dinamizador de la profunda crisis que atravesamos para que no se viese afectado el nivel de licitaciones del sector de la Jardinería, primordial para la protección del medio ambiente de las ciudades. Sin embargo, a la morosidad “tradicional” se une ahora un retraso generalizado en los periodos de pago de los servicios de jardinería. Esta actitud supone una espiral diabólica para el sector verde urbano con una importante carga laboral, que debe pagar a sus empleados cada mes.

El retraso en el cobro, unido al incremento del coste del dinero, motiva una insoportable reducción de los márgenes de actividad que puede conllevar consecuencias graves en el empleo estable que genera este sector. ASEJA denuncia que muchos ayuntamientos siguen funcionando gracias al mantenimiento del servicio por parte de las empresas, pesar a tener cada vez mayor deuda. Más de 30.000 puestos de trabajo corren peligro por la continuada morosidad. “Las medidas de la Ley de Contratos del Sector Público (60 días) o incluso las de los diversos proyectos normativos en debate, dimanan ineficaces ante la negativa de un Ayuntamiento a pagar. Es una utopía pensar que una modificación legal hará que determinados ayuntamientos acorten sus periodos de pago, si no va acompañada de medidas coercitivas”, dice Javier Sigüenza, Secretario General de ASEJA.

Cualquier empresa acostumbrada a contratar con entes locales sabe que no hay medidas prácticas ni operativas para luchar contra la morosidad, más allá de acudir a un procedimiento judicial por “impago”. Inconcebible en una sociedad avanzada. La contratación pública debería tener una teórica seguridad en el cobro de los servicios que hiciese innecesario acudir a los tribunales. Muchas empresas se ven obligadas a iniciar pleitos y demandas contra sus deudores, reclamando intereses de demora. Pero su duración hace ineficaz las reclamaciones. Las administraciones públicas deben cumplir con los plazos previstos de pago en la ley.

Sin embargo, ASEJA considera que existen cuatro medidas más eficaces:

1. Intimación a las administraciones locales deudoras procediendo a una publicidad reiterativa de las deudoras, que visualicen al ciudadano la realidad de la gestión de sus dirigentes. Es esencial que los habitantes de una ciudad sepan que sus responsables municipales no pagan y que por ello pueden dejar de recibir determinados servicios. El listado de deuda publicado por el Ministerio de Economía debería incluir la deuda con particulares y empresas.

2. Profundización en la responsabilidad personal de los responsables municipales.

3. Implicación directa de la Administración Central en las deudas de los ayuntamientos. Modificación urgente de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, en consonancia con el Decreto Ley 5/2009, generalizando las retenciones a ayuntamientos morosos de los fondos repartidos por su participación en los tributos del Estado de Financiación Sólo la Administración General tiene en su mano aplicar medidas contra los municipios morosos.

4. Reiterar el establecimiento de retrasos en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social e IVA, en consonancia con los retrasos en el cobro de los servicios y establecimiento de medidas legales que permitan la compensación de deudas con la Administración.

• La deuda vencida con las administraciones locales roza los 300 millones de euros
• La morosidad de los ayuntamientos supone el 30% de la facturación anual de las empresas de parques y jardines
• Peligran más de 30.000 puestos de trabajo por la continuada morosidad
• Es una utopía pensar que una modificación legal acortará los periodos de pago de los ayuntamientos , si no va acompañada de medidas coercitivas



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