1) la obligatoriedad de los proyectos de ordenación y los instrumentos de gestión.

2) una política de incentivos y una fiscalidad específica para el bosque.

3) una nueva figura societaria para promover la agrupación de las pequeñas propiedades forestales.

Solo así será posible situar a nuestro sector forestal y sus industrias derivadas en la posición competitiva que haga de nuestro país la potencia forestal que puede y debe ser.

Según FAO, las mayores áreas forestales de Europa corresponden a Rusia, Suecia, Finlandia, España y Francia. Y en nuestro país los bosques crecen, pasando de ocupar 13,8 millones de hectáreas  en 1990 a 17 millones de hectáreas en 2000 y  18,2 millones de hectáreas en 2010.

No tenemos petróleo ni gas, pero sí madera y con ella una clara oportunidad para desarrollar nuestro sector forestal y las industrias derivadas. Lo que solo será posible impulsando la certificación forestal, que garantiza al consumidor que esos productos forestales proceden de bosques gestionados de manera sostenible.

La economía del bosque: grandes cifras

Actualmente, la economía del bosque supone en España casi 30.000 empresas, cerca de 200.000 trabajadores (selvicultura y repoblación, industria papelera, de la madera y el mueble, de la biomasa…) y una cifra de negocio de más de 18.000 millones de euros. España es el tercerr país de la UE en superficie forestal arbolada, pero desaprovechamos el 60% de nuestro potencial forestal.

(*) Se refiere a 25.000 propietarios privados estructurados, si bien se estiman unos 2.000.000 titulares. El valor de la producción se refiere no solo a madera, sino también a otros recursos no maderables.

La apuesta por la gestión forestal sostenible y su certificación: problemas y soluciones

La apuesta por la gestión forestal sostenible y su certificación no es nueva pero se ha encontrado siempre con el escollo de las explotaciones, pequeñas, dispersas y sin modelos de gestión ordenados. Un bosque gestionado sosteniblemente tiene mejor salud y más vitalidad, sufre menos incendios y contribuye al desarrollo rural e industrial y a la generación de empleo.

La nueva Ley debe introducir la obligatoriedad de los proyectos de ordenación, planes dasocráticos y modelos básicos de actuaciones forestales, tanto para los montes públicos como para los privados. Y para facilitar el cumplimiento de esos proyectos de ordenación se debe crear una ventanilla única en las comunidades autónomas para los trámites necesarios.

Pero aún siendo obligatorios, persiste el problema de las importantes inversiones necesarias para acometer el proceso, lo que exige una política de incentivos que impulse la gestión y planificación documentada y que tenga como resultado final los productos forestales certificados que el mercado interior y la exportación demandan.

El bosque necesita una fiscalidad específica. Es necesario promover actuaciones e inversiones para dinamizar el sector y poner de relieve su importancia y su potencial. Del mismo modo que es necesaria una nueva figura societaria igualmente adaptada a nuestra realidad forestal para promover e incentivar la agrupación de las pequeñas propiedades forestales.

Asimismo, sería necesario que en cultivo de cosecha intensiva con especie forestal no se pierda la calificación de suelo agrícola. Para alcanzar en 2020 el objetivo de la UE de que el 20% de la energía y el 10% de los combustibles sean renovables, la biomasa es fundamental, por lo que hay que disponer de suelo para este tipo de cosechas, sin perder su calificación y sin causar perjuicio al agricultor.

El sector papelero trabaja desde hace años para promover la oferta de madera nacional certificada, para que haya cada vez más papel certificado en el mercado, con etiqueta de garantía de procedencia de una plantación gestionada sosteniblemente. Hoy está certificada el 32% de la producción de celulosa de mercado y el 22% de la producción de papel, cifras que pese a suponer un gran avance, reflejan el déficit de madera nacional certificada, que lastra la competitividad de la industria forestal española.



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