La nueva política apuesta por la prevención, maximizando el  aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos y la disminución de sus impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.

El nuevo texto actualiza el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, delimitando las obligaciones de productores y gestores, y simplifica trámites administrativos, utilizando un registro compartido entre las Administraciones que garantiza  la transparencia y trazabilidad en la gestión.

La Ley crea una Comisión como instrumento de cooperación técnica y de coordinación entre Administraciones públicas en materia de residuos. La participación de los agentes afectados está prevista mediante la creación de grupos de trabajo, lo que permitirá desarrollar una política de residuos más transparente y eficaz. 

Asimismo, clarifica las competencias de las administraciones públicas implicadas en la gestión de los residuos, en especial en el ámbito local.

De acuerdo con la legislación comunitaria, antes de 2015 deberá llevarse a cabo una recogida separada de distintos materiales procedentes de residuos (papel, plástico, vidrio, metales), promoviendo medidas para la recogida separada de los biorresiduos y su tratamiento biológico.

Se incorpora un objetivo estratégico de prevención del 10%. Para los distintos materiales que componen los residuos domésticos y similares se establece un objetivo de preparación para la reutilización y reciclado de un 50% antes de 2020. En el caso de los residuos de construcción y demolición el porcentaje se eleva al 70% en reutilización, reciclado y valorización.

La nueva Ley obliga a las Administraciones Públicas a elaborar planes y programas de prevención y de gestión de residuos en el ámbito de sus respectivas competencias.

Se crea un marco legislativo común  para que los fabricantes y responsables de la puesta en el mercado de los productos se involucren en la prevención y gestión de los residuos. La nueva Ley contribuye a impulsar la innovación asociada a productos y procesos, generando nuevas oportunidades laborales y sociales. Asimismo posibilita que en el futuro, y de acuerdo con la legislación comunitaria, puedan establecerse sistemas de depósito, devolución y retorno como modalidad de gestión de los productos y sus residuos, siempre que se demuestre que son técnica y económicamente viables.

Se establece un calendario para la sustitución, en 2018, de las bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable, y desde 2015 la obligación de marcarlas con un mensaje sobre sus efectos en el medio ambiente. En 2016 el Gobierno evaluará la consecución de los objetivos de dicho calendario y la conveniencia de adoptar medidas fiscales sobre el consumo de estas bolsas.

Se mantiene el régimen aplicable a los suelos contaminados de la Ley 10/1998 de Residuos y se clarifican algunas cuestiones relacionadas con la responsabilidad de la contaminación de los suelos.

El nuevo texto refuerza las funciones de vigilancia, inspección y control, en consonancia con la supresión de determinadas autorizaciones y su sustitución por comunicaciones. Asimismo se ha clarificado y completado el régimen sancionador.

Para la elaboración de esta ley, aprobada hoy, se ha mantenido un proceso amplio y continuado de participación pública y de consulta con las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Consejo Asesor de Medio Ambiente.

En contra del sistema SDDR

No obsatante, FIAB, ACES, ANGED, ASEDAS, La Confederación Española del Comercio (CEC), Ecovidrio y Ecoembes, denuncian los graves efectos sobre consumidores, comercios e industria que tendrá la implantación del Sistema de Depósito Devolución y Retorno (SDDR), en las condiciones que contempla la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Ésta da la opción al Gobierno de implantar este sistema de reciclaje sin más condición que un estudio de viabilidad, lo que excluye a todos los sectores afectados de la posibilidad de decidir sobre una cuestión que les afecta directamente por ser los responsables de su financiación y gestión.

Con su implantación, las empresas envasadoras de alimentos y bebidas se verán gravemente afectadas, ya que tendrán que hacer frente a un doble gasto de logística e infraestructura y doble gasto en la gestión de unos envases que, actualmente, los SIGs de Ecoembes y Ecovidrio ya gestionan de manera eficiente.

Por otra parte, la distribución y, concretamente, los autoservicios y supermercados ven inasumible la puesta en marcha de este sistema, que conllevaría la implantación en España de alrededor de 20.000 máquinas para la devolución de envases, con un precio unitario estimado en 20.000 euros, lo que implicaría un desembolso cercano a los 400 millones de euros, sólo para comprar las máquinas. A esta inversión inicial habría que sumar el coste de otras infraestructuras complementarias, o el lucro cesante por la pérdida de espacio para venta o almacén.

Por su parte, el pequeño y mediano comercio no podría hacer frente a las altas inversiones económicas de gestión y de personal que requiere la puesta en marcha y posterior operación el nuevo sistema. Más de 80.000 establecimientos no disponen de espacio suficiente para la instalación de las máquinas y de las zonas de almacenamiento y manipulación que exige el nuevo sistema, lo que les obligaría a implementar un sistema manual con costes importantes en mano de obra, espacio de almacenamiento y transporte, entre otros.

Los consumidores también se verán afectados por esta medida ya que el SDDR es un sistema de reciclado de envases 8,5 veces más caro que el actual. Los ciudadanos tendrán que abonar un depósito por cada envase, que sólo se recuperará si lo devuelve al comercio en perfecto estado de limpieza y conservación (como sucede en otros países europeos).

Según el estudio realizado por Sismega, se estima que la inversión necesaria para implantar el SDDR alcanzaría los 465 millones de euros, a lo que habría que añadir un coste anual neto de gestión de 570 millones de euros. Este esfuerzo, en el mejor de los escenarios de recuperación de envases por el SDDR, supondría apenas un incremento del 2% sobre la tasa de reciclado actual.



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