Así, según ha indicado a Europa Press el consejero de Recyclia, José Pérez, la plataforma aún no ha visto borrador alguno, pero asegura que esta es una buena ocasión para introducir mejoras a la normativa actual y para eliminar algunos problemas del reciclaje en España. "Van (el Gobierno) justos de tiempo, aunque si se concluye en la próxima primavera sería un plazo de incumplimiento razonable", ha señalado.
En este contexto, ha explicado que en julio de 2012 se aprobó una Directiva Europea de residuos con el objetivo de solucionar algunos problemas derivados de la Directiva de 2002 que fue incorporada al ordenamiento jurídico español en 2005.
Pese a "estos fallos", Pérez ha destacado que el balance de la normativa actual es "positivo", ya que ha permitido la recogida de 100.000 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos entre 2005 y 2010 y más de 6.700 toneladas de pilas y baterías usadas desde 2008.
"El balance es positivo, pero es necesario corregir algunas desviaciones", ha añadido.
El consejero delegado de Recyclia, que integra las fundaciones Ecopilas, Ecofimática, Tragamóvil y Ecoasimelec, ha precisado también que la Directiva anterior establecía un objetivo genérico para toda Europa de 4 kilogramos por habitante y año, mientras que cada español genera 12 kilos al año de residuos eléctricos y electrónicos.
Sin embargo, entre las novedades positivas de la Directiva ha destacado que el objetivo cambia de estos kilos al porcentaje del 45% de los aparatos de este tipo que se ponen en el mercado. "Ahora, casi la mitad de lo que se pone en el mercado se reciclará. Esto se ajusta más a lo que se genera en el mercado", ha defendido.
Más garantías y menos robos
Además, ha subrayado que la nueva normativa europea establece la necesidad de regular adecuadamente las garantías de los sistemas integrados de gestión (SIG) y las garantías de los productores. Esto servirá para adelantarse a casos como si un productor quiebra y desaparece del mercado, ya que las empresas tienen la obligación de asumir la responsabilidad extendida del producto.
Hasta ahora no se regulaba el sistema de garantías pero la nueva regulación sí lo requiere y dice que son los Estados los que deberán regular estas garantías. Según ha explicado, en España es la fundación o el SIG encargado el depositario de estos fondos. "Como se recogerán de manera anticipada, se podrá afrontar el fondo de garantía adscrito a la responsabilidad futura que pueda surgir", ha añadido.
Por otro lado, ha celebrado que la Directiva contempla que reciclar algunos productos cuesta dinero y otros generan beneficios. En este sentido, ha enmarcado el fenómeno de los robos de residuos de algo valor, como una lavadora o parte de los frigoríficos, que contienen cobre. "Cogen lo que vale y el resto lo tiran en cualquier sitio", ha expuesto.
Asimismo, ha augurado que se ejercerá un mayor control sobre el negocio de los recuperadores –conocidos antiguamente como chatarreros– al establecer un sistema de cómputo y control.
En este contexto, ha propuesto a la Administración que, aunque no figure en la Directiva, que aproveche la trasposición para introducir algo "novedoso" como la una regulación "adecuada" de los puntos limpios.
Otra de las novedades que tendrán que incorporarse al ordenamiento jurídico español será la obligación de los establecimientos de 400 metros cuadrados o más de contar con un contenedor específico para que los consumidores puedan depositar sus equipos. "Es decir, que los grandes establecimientos se convertirán en nuevos puntos limpios de recogida en el mismo canal de distribución", ha dicho.
Finalmente, Pérez aspira a que la regulación española sirva para reforzar el papel de los Sistemas Integrados de Gestión. A su juicio, la trasposición de la Directiva puede suponer un espaldarazo a los SIG para que se consoliden como un modelo eficaz para gestionar la recogida selectiva y universal de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero también para garantizar a largo plazo el tratamiento más adecuado y la aplicación de las mejores técnicas de reciclaje.
