Indicó que para México la aplicación de este Convenio tendrá importantes beneficios sociales, económicos y ambientales, sobre todo porque la primera meta nacional propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto está orientada a lograr un crecimiento económico sostenido y sustentable.

En México no partimos de cero, indicó el funcionario mexicano, “tenemos avances importantes para disminuir los riesgos asociados al mercurio, como un marco de regulación ambiental sobre emisiones y liberaciones, regulación de residuos peligrosos de mercurio y acciones concretas como la iniciativa de hospitales sin mercurio”.

Explicó que en este contexto México tiene la responsabilidad no sólo ética de formar parte del proceso, sino que también constituye una oportunidad para enviar señales claras de compromiso a la comunidad internacional, de tomar el liderazgo y ser un actor global responsable.

El titular de la SEMARNAT destacó que la aplicación del Convenio de Minamata exigirá esfuerzos y recursos al interior de cada país, y como complemento importante estará la cooperación internacional. “La suma de estos dos compontes favorecerá la pronta entrada en vigor y el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el nuevo instrumento internacional”, sostuvo el funcionario mexicano.

En nombre del Gobierno de México agradeció al Gobierno de Japón por haber albergado esta Conferencia y al Programa de Nacionales Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) por el eficiente apoyo proporcionado al proceso de negociación del Convenio que  ha sido coronado con éxito.

El objetivo del Convenio de Minamata es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio, para lo cual estipula una serie de medidas de control de las emisiones, liberaciones, el uso, abasto y manejo de residuos de mercurio y sus compuestos a través de 35 artículos y 5 anexos, que se organizan en torno a diferentes capítulos temáticos abordando el ciclo de vida del mercurio, desde su generación, actividades, procesos y productos donde se utiliza hasta su destino final como residuo.

El Convenio entrará en vigor a los 90 días posteriores a que 50 Estados lo hayan ratificado, por lo que se espera un periodo de ratificación de entre 2 y 3 años (2016).



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