El Parlamento de la Comunidad Foral dió el jueves pasado luz verde a una ley pionera en España -Baleares ha redactado un proyecto para una normativa muy similar, pero aún está pendiente de aprobación- que supone un giro radical en la gestión de los residuos de la región.

La nueva Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad -que contempla también nuevos impuestos por la eliminación de basura en vertederos e incineradoras- ha salido adelante con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y Ezkerra; y los votos en contra de Unión del Pueblo Navarro (UPN), PP y PSOE.

El texto no sólo contempla parar en seco la venta de productos muy usados y de difícil tratamiento, sino que por primera vez establece objetivos mínimos de reutilización para el sector de la hostelería y la obligación para bares y restaurantes de ofrecer a los clientes agua del grifo "de forma gratuita y complementaria a la oferta del propio establecimiento". También Baleares y Andalucía promueven leyes en este sentido, aunque ninguna ha recibido luz verde por ahora.

Además, a partir de enero de 2022 todos los domicilios y comercios deberán tener un contenedor para la recogida selectiva de la fracción orgánica -el conocido como contenedor marrón- que se usa para la elaboración de biogás o compost.

La nueva normativa supone también la creación de un Ente público que estará integrado por las administraciones locales y la autonómica y que sustituirá al anterior consorcio en la gestión de los residuos del territorio. El texto contempla asimismo comenzar a implantar pruebas piloto para la recogida de envases de bebidas a través del Sistema de Depósito (SDDR), que implica el pago de una tasa en las bebidas que se recupera al devolver el envase para su reciclaje.

En cuanto a los nuevos impuestos, que pretenden penalizar la generación de residuos, su aplicación será progresiva: este año se empezará gravando con 5 euros por tonelada, 10 euros el año que viene y 20 euros por tonelada a partid de 2020. Con lo recaudado se creará un Fondo de Residuos que irán a parar a las inversiones necesarias previstas en la propia ley.



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