La asociación ecologista ARCA cree que "en breve" se empezarán a mover en Cantabria "acciones" penales contra los alcaldes que no ejecuten las sentencias firmes de derribo, porque podrían estar incurriendo en delito de desobediencia. Está por ver, según dice, si esas acciones partirán de la Fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria o de la propia asociación, pero lo que tienen "más que claro" es que los hechos pueden tener "relevancia penal".

Así lo explicaron hoy en rueda de prensa el presidente y el vicepresidente de la asociación, Gonzalo Canales y José Ángel Herrera, justo un día después de hacerse públicas cuatro nuevas sentencias que suponen la anulación de las licencias concedidas a Fadesa para la construcción de 122 viviendas en el Alto del Cuco, cuyo derribo pedirá Arca tan pronto como las sentencias sean firmes.

Según señaló Herrera, Arca está estudiando la posibilidad de emprender acciones penales contra aquellos alcaldes que están "simulando" ejecutar las sentencias de derribo pero "no tienen intención" de llevarlas a efecto. Y es que, destacó, los propios fiscales "se dan cuenta de que la no ejecución de las sentencias de derribo es uno de los principales escollos para aplicar la normativa urbanística".

"Las sentencias firmes de derribo deben ser ejecutadas porque esto es el sustento del estado de derecho. Lo que no puede ser es que lo que esté hoy prohibido, mañana, a través de soluciones parlamentarias o de presiones, esté permitido", recalcó el vicepresidente de Arca, quien opinó que puede tratarse de un delito de desobediencia por no ejecución de sentencia, sancionable al igual que el caso Atutxa.

Para Herrera, en Cantabria se está "larvando" un debate sobre la ejecución o no de sentencias que demuestra que su sociedad "no ha alcanzado un nivel democrático saludable" porque en sociedades con buenos niveles democráticos "las sentencias se cumplen, no se buscan artimañas".

Con la anulación de licencias de estas 122 viviendas en el Alto del Cuco, el vicepresidente de ARCA explicó que se suman nuevas viviendas con sentencia de derribo a la "bolsa" de 500 que ya había en la región, lo que eleva prácticamente a 630 esa bolsa.

Principal foco de corrupción

Las cuatro sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander demuestran además, a juicio de Canales, que Arca ha hecho una vez más "de forma acertada" su trabajo en defensa del medio ambiente y que la justicia "ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y ha hecho bien su trabajo".

Pero esto, pone a la vez de manifiesto que "el resto de administraciones no lo están haciendo bien" y que la administración "está implicada en estos procedimientos de urbanismo salvaje" y está manteniendo una gestión "nefasta", que va "contra la legalidad" y se "salta" las normas que ella misma hace, agregó.

En palabras de Canales, con estas sentencias también se hace patente que los ayuntamientos "siguen siendo el principal foco de desórdenes urbanísticos e incumplimientos contra le ley del Suelo y Ordenación del Territorio" y "el principal foco de corrupción urbanística".

Para hacer frente a esa situación, la asociación apuesta por abordar modificaciones legislativas, la primera de ellas en relación a la Ley del Suelo para "quitar" competencias a los ayuntamientos, fundamentalmente para que no puedan aprobar planes parciales ni modificaciones de su planeamiento y un organismo regional se ocupe de ello.

La otra modificación que propone Arca, según explicó Canales, es que los políticos y los promotores "respondan con su patrimonio personal de los daños causados" porque "no puede ser que se vayan de rositas" y se intente "reparar" el daño con "el dinero de todos". Puso el ejemplo de los directivos de Fadesa –promotora de las viviendas del Alto del Cuco– que, según dijo, viajan "en avión privado" y tienen contratos "blindados", mientras "van dejando marrones" como éste.

Más licencias recurridas

José Ángel Herrera explicó que las sentencias sobre las licencias de las 122 viviendas del Alto del Cuco conocidas ayer eran "más que esperables" y estaban "absolutamente cantadas", puesto que el Plan Parcial del Sector 2 del Alto del Cuco ya había sido anulado. Ahora habrá que esperar a ver qué sucede con las demás licencias (eran unas once en total), porque la asociación recurrió todas las concedidas para la construcción de las cerca de 400 viviendas proyectadas en el Alto del Cuco. Herrera se mostró convencido de que se aplicará la misma doctrina que en las cuatro primeras sentencias y quedarán con ello anuladas las licencias. Las cuatro sentencias ya conocidas no son firmes, porque cabe recurso y la asociación no sabe si el Ayuntamiento, Fadesa o alguno de los particulares afectados habrá recurrido la decisión. En cualquier caso, Arca esperará a que sean firmes para pedir entonces la aclaración de sentencia y el derribo de las viviendas, aunque, según Canales, "se sobreentiende" que la anulación firme de licencias conlleva la demolición. La asociación también pedirá entonces la restauración del monte que, a su juicio, puede resultar más costosa económicamente que las indemnizaciones a los afectados.



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