Se trata del debate de las enmiendas de totalidad que han sido registradas por ambos grupos parlamentarios. Así, fue a comienzos de septiembre cuando el Consejo de Ministros aprobó este proyecto de Ley, que dará lugar a la creación del Parque Nacional de Guadarrama, y que se convertiría en el "número 15" y en el quinto por extensión. Será previsiblemente aprobado de forma definitiva en 2013, según las previsiones del Gobierno.

El nuevo parque nacional, que se extiende por la Comunidad de Madrid y la de Castilla y León, cuenta con más de 33.664 hectáreas y "acoge gran riqueza de flora y de fauna y especies muy emblemáticas para todos los españoles como la cigüeña negra o el águila imperial ibérica, que están en peligro de extinción", según señaló la vicepresidenta del Gobierno en aquel Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría.

Aunque ha sido "sueño compartido" a lo largo de casi un siglo por amplios colectivos de investigadores, de organizaciones sociales y de amantes de la naturaleza, el PSOE argumenta en su enmienda que estas personas no merecen ser defraudados por "la dudosa legalidad, la falta de consistencia y la escasa ambición de este proyecto".

Así las cosas, a juicio de los socialistas, el proyecto no debería haber llegado a esta Cámara por hallarse pendientes varios recursos judiciales, cuyas correspondientes sentencias podrían modificar o incluso, anular, buena parte de su contenido.

"El PSOE se opone radicalmente a la pretensión de este Gobierno de utilizar el Parlamento para avalar y consolidar sus decisiones frente al poder judicial, en un intolerable ejercicio de perversión del papel de cada uno de los poderes del Estado", añade.

Cadena de litigios en Madrid

Igualmente, apunta que la Comunidad de Madrid aprovechó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama para reducir los niveles de protección existentes.

Por ello, relata que Ecologistas en Acción presentó un recurso contencioso administrativo contra él, resuelto en mayo de 2012, y por el que la sección primera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoció esa "injustificable reducción de la protección de los citados espacios y el Proyecto de Ley ha incorporado esta modificación"; que finalmente fue también recurrida ante el Tribunal Supremo por la Comunidad de Madrid.

Además recuerda que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el PSOE, en junio de 2011, contra los acuerdos de la mesa de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, que comportaron la imposibilidad de presentación de resoluciones del PSOE de la Asamblea de Madrid sobre el citado Plan de Ordenación del Territorio.

Igualmente, el PSOE considera que el proyecto de ley del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama refleja "falta de consistencia y de ambición" en materia ambiental en todas sus decisiones, como dice que ya subrayó la Comisión Europea en su evaluación del Programa Nacional de Reformas.

En el actual contexto de crisis económica, dice también que el Gobierno pretende reforzar el falso planteamiento que contrapone la protección ambiental con la recuperación económica como, a su juicio, ha quedado patente en varias leyes aprobadas.

Por último, defiende que con esta ley el Ejecutivo tiene la intención de suplantar a las comunidades autónomas en la gestión del Parque Nacional, mediante la declaración de un estado de emergencia, cuando así lo proponga el director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, a su juicio, contrario a la doctrina constitucional.

No protege al medio ambiente

Por su parte, el Grupo de IU-ICV-CHA (Izquierda Plural) justifica su petición de devolución al Ejecutivo en que el proyecto de ley "no asegura una protección suficiente para el ecosistema" y abre la puerta a más urbanización y más infraestructuras. En concreto, les preocupa especialmente la "zona de transición" donde aseguran que están previstas 43.000 nuevas viviendas en 17 de los 35 municipios afectados.

Además, denuncia que el proyecto de ley permite la caza en un parque nacional, lo que "es contrario a la propia Ley" de Parques Nacionales. Reclama, por ello, una nueva ley que prohíba, además de la caza, cualquier ampliación o unificación de las estaciones de esquí de la zona (Valdesquí y Navacerrada) y que incluya un plan de recuperación ambiental del puerto de Navacerrada sin más desarrollo urbanístico.

A su juicio, el proyecto de ley puede reducir, en la práctica, el nivel de protección de algunas zonas, como los humedales de Peñalara, porque la zonificación del futuro parque parece basarse más bien en el régimen de propiedad vigente. "La propuesta convierte el parque nacional en una especie de parque temático de las cumbres, rodeado de urbanizaciones e infraestructuras para el enriquecimiento de unos pocos", resume.



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