Así se desprende de la información remitida por el MINETUR a instancias del Tribunal Supremo. Unos informes hechos públicos dos años después de la publicación de la norma a pesar de que los afectados, entre ellos los representados en la Unión Española Fotovoltaica, y el Parlamento hayan pedido dichos informes reiteradamente al Gobierno y proporcionado al Ministerio datos reales del sector que no tuvo en cuenta en la publicación de la ley.
La fecha de presentación del informe de una de las consultoras posterior a la de publicación de la Ley y la suspensión del otro informe contratado también a posteriori, “demuestran la arbitrariedad y la falta de rigor profesional llevados a cabo por el Ministerio en esta campaña contra las energías renovables”, comentó Jorge Barredo, presidente de UNEF.
“Pone además de manifiesto la falta de legitimidad y legalidad de la medida y el intento de engaño a la opinión pública en base a unos informes inexistentes en el momento de poner en marcha la actual legislación. Una normativa que supone un recorte retroactivo e injustificado a los inversores en energías renovables en España”.
“La forma de actuar del Gobierno, basada en preconceptos y con un cálculo finalista del recorte, está alejada de cualquier rigor técnico y ha puesto en grave riesgo a uno de los sectores más punteros de la industria española, destruyendo la imagen de seguridad jurídica de nuestro país”, añadió.
Una reforma sesgada que no ha resuelto los problemas del sistema
Con el pretexto de acabar con el déficit de tarifa, el Gobierno actual de España ha emprendido una reforma sesgada que no acomete los principales problemas del sistema. En contra del “esfuerzo conjunto” de todo el sistema que anunció el Gobierno, lo cierto es que el régimen especial –renovables, cogeneración y residuos- ha soportado el mayor peso del ajuste, siendo una parte minoritaria del problema, pues, tomando como referencia los datos de la CNMC, tan solo ha incidido en su conjunto en un quinto del déficit de tarifa acumulado.
Un recorte a las renovables notablemente superior al que anunció el Gobierno
Además de la ilegitimidad de una reforma que cambia las reglas del juego retroactivamente para los inversores en el “régimen especial”, el recorte real aplicado al sector es notablemente superior a los 1.700 M€ anunciados en el momento de publicar la normativa.
Según los datos de la liquidación 12º de la CNMC publicados ayer con los propios números del Gobierno, el recorte supera esos 1.700 M€ y asciende a 2.381M€, que en realidad son más de 3.000 M€ por los recortes extra emprendidos contra la fotovoltaica.
Según los datos del Organismo Regulador, el Gobierno realmente tenía previsto recortar al régimen especial 1.843M€, aunque lo que lo que ha sucedido a cierre de 2014 es que el recorte ha llegado hasta los 2.024 M€ y se prevé que en 2015 ese número ascienda hasta los 2.381M€ de recorte, según datos de la CNMC.
Es importante destacar que el Gobierno aún está ocultando un recorte mayor, pues a estos recortes hay que sumar los realizados de forma extra a los inversores fotovoltaicos con las últimas reformas, que ascienden a 760M€. Los inversores fotovoltaicos son los únicos inversores en renovables que han sumado varias medidas retroactivas de ajuste antes de esta última de julio de 2013. Entre ellas, una de las más importantes es que en 2014 existía el compromiso no cumplido de rebajar el recorte del 30% de la prima aplicado durante los tres años anteriores a un 10% de recorte.
Sobre UNEF
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) es la asociación sectorial de la energía solar fotovoltaica en España. Formada por más de 200 empresas y entidades de toda la cadena de valor de la tecnología, representa a más del 85% de la actividad del sector en España y aglutina a su práctica totalidad: productores, instaladores, ingenierías, fabricantes de materias primas, módulos y componentes y distribuidores.
