La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos se ha hecho eco de una serie de denuncias que vinculan a Chevron con varios casos de amedrentamiento a los líderes amazónicos que llevaron a la petrolera estadounidense a los tribunales de justicia.

"Hay muchos seguidores de la parte contraria que nos están vigilando. Hay mucha gente que está detrás de nosotros", ha dicho el presidente de la Asociación de Afectados, Alejandro Soto. "Yo tenía una cámara con fotos y me la robaron", ha añadido, a modo de ejemplo.

Por su parte, el presidente de la Junta Parroquial de Dayuma y miembro de la Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre, John Rosero, ha asegurado que ha sido agredido y que ha recibido presiones por defender esta causa.

La coordinadora de la Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre, María Espinosa, ya ha presentado una denuncia por los mismos motivos, según ha informado la agencia de noticias oficial de Ecuador, ANDES.

El abogado de los afectados por Chevron, Juan Pablo Sáenz, ha considerado que el principal mecanismo de presión ejercido por Chevron son los procesos judiciales que ha iniciado en Estados Unidos contra cada uno de los damnificados y sus abogados.

Caso Chevron

El caso se remonta a la década de 1990, cuando los habitantes del lago Agrio denunciaron a Texaco, adquirida por Chevron en 2001, por contaminar la selva y sus acuíferos con cientos de vertidos de deshechos entre 1964 y 1992, provocando daños en cosechas y en la salud pública, incluidas muertes por cáncer.

Chevron, por su parte, sostiene que los pozos donde se realizaron los vertidos de deshechos fueron limpiados y que sus actividades no son responsables de ninguno de los daños causados al medioambiente y a la salud pública.

En el primer asalto judicial, un tribunal ecuatoriano condenó en 2011 a la empresa estadounidense a pagar 18.200 millones de dólares (13.732) que, debido a su negativa a hacerlo, han ascendido a 19.000 millones (14.335 millones).

Chevron, que ya no tiene intereses en Ecuador, ha llevado a cabo una ardua tarea para evitar el pago. En febrero de 2011, presentó una denuncia ante un tribunal federal de Nueva York contra los demandantes y sus abogados, argumentando que el veredicto se obtuvo mediante fraude.

Además, en marzo de 2012 trasladó el caso al Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA), con sede en La Haya, que se declaró competente argumentando que Ecuador no respetó el tratado bilateral sobre protección de inversiones.



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