Esta medida aparece recogida en una propuesta transaccional de modificación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, que estos días se tramita en el Senado. La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, cuenta con el apoyo de los portavoces del PP, PSOE, Entesa, Grupo Vasco y Grupo Mixto.
La propuesta supone un ligero cambio con respecto al proyecto de fiscalidad eléctrica que, precisamente, se tramita estos días en el Senado y a la que está prevista la incorporación de una enmienda en que se indica que los ingresos de las subastas de CO2, con un tope de 500 millones, se destinarán únicamente a la tarifa eléctrica.
En la propuesta a los Presupuestos, los grupos del Senado también han acordado que las cuentas públicas financiarán el sistema eléctrico en un importe equivalente a la suma de "la estimación de la recaudación anual" de los nuevos impuestos eléctricos más el 90% del ingreso "estimado" de las subastas de CO2, hasta 450 millones.
El Grupo Popular en el Senado había incluido anteriormente en la Ley de PGE de 2013 una enmienda en la que no aludía a estimaciones de ingresos procedentes del impuesto eléctrico, sino que indicaba que las cuentas públicas financiarían la tarifa eléctrica fijando "como límite máximo" la recaudación anual de estos mismos impuestos.
En estas enmiendas, los “populares” garantizaban además que las cuentas públicas no asuman el coste extrapeninsular y seguían sin resolver la cuestión de si los intereses de la deuda tarifaria podrían cargarse sobre los PGE.
El debate sobre la Ley de PGE se produce en paralelo al correspondiente a la Ley de Sostenibilidad Energética. En este caso, el PP ha presentado enmiendas para elevar del 6% al 7% el impuesto eléctrico, al tiempo que exime al gas para uso industrial y propone incrementar las cargas sobre el carbón.
Ley de PGE
Por otro lado, los grupos han transaccionado varias enmiendas a los PGE de 2013 que modifican las que fueron aprobadas en Comisión, todas del Grupo Popular. Una de ellas obliga al Gobierno a realizar las actuaciones necesarias para adecuar las infraestructuras educativas de Ceuta y Melilla a las necesidades en relación con los centros públicos de educación primaria y secundaria.
Asimismo, el Pleno ha acordado modificar otra enmienda para que sea la Dirección General de la Función Pública la encargada de autorizar el reconocimiento de créditos horarios u otros derechos sindicales. De hecho, los acuerdos que hayan sido adoptados antes también requerirán su aprobación para su aplicación en 2013.
