Greenpeace ha preparado una denuncia ante la Secretaría del Convenio de Aarhus, la Comisión de Aplicación del Convenio de Espoo en la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa, y la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, por la falta del proceso de Estudio de Impacto Ambiental que debe tener en cuenta el contexto transfronterizo en el caso de la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Santa María de Garoña, Burgos.

"Nuclenor y el ministro Soria parece que olvidan que Garoña debe ser sometida a una Evaluación de Impacto Ambiental transfronterizo antes de una renovación de la licencia y a la participación del público en el proceso", ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace. 

La organización ecologista ha enviado una carta al Ministerio de Industria dirigido por José Manuel Soria, al Ministerio de Medio Ambiente, al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y a la empresa propietaria, Nuclenor, solicitando información sobre cuándo y cómo se llevará a cabo este proceso sin recibir por el momento la información requerida. Esta petición se enmarca en la obligación establecida el pasado 7 de junio en la reunión de las partes del Convenio de Espoo. 

Hoy 30 de septiembre vence el plazo que el CSN estableció para que Nuclenor presente una previsión de fechas para el cumplimiento de todos los requisitos adicionales solicitados por el organismo regulador para la renovación de Garoña. A ello hay que añadir la Evaluación de Impacto Ambiental de carácter transfronterizo, y la construcción de una torre de refrigeración, tal y como exige la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Proceso de Garoña 

La central nuclear de Santa María de Garoña alcanzó el límite de su vida de diseño de 40 años en 2011, y tenía permiso de operación hasta el 6 de julio de 2013. En julio de 2012, el Ministerio de Industria revocó parcialmente la Orden Ministerial que establecía el cese de explotación hasta esa fecha. Nuclenor S.A. pidió un aplazamiento para pedir esta nueva ampliación de vida, que no le fue concedido en 2012, pero sí en 2013. 

A pesar de que finalmente consiguió este aplazamiento, no solicitó una nueva licencia, y el Ministerio de Industria procedió a declarar el cese de explotación definitivo. Desde diciembre de 2012 Garoña ha estado parada, lo que ha motivado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le haya impuesto una multa por infracción muy grave, por reducir sin autorización la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica y por el cese unilateral de la actividad. 

Nuclenor S.A. ha solicitado ante el Ministerio de Industria la ampliación de la vida útil de la central hasta el 2 de marzo de 2031 al amparo del Real Decreto para la Gestión Responsable y Segura del Combustible Nuclear Gastado y los Residuos Radiactivos, aprobado el 21 de febrero de 2014, que permite una vez decretado el cese de la explotación, obtener una nueva autorización. 

La puesta en marcha de la central nuclear para este nuevo periodo sólo puede suceder tras la preceptiva autorización otorgada por el regulador nuclear, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 



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