El pasado 12 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 134/2010 por el que se modificaba el anterior de 1997. Con esta decisión se pretendió priorizar el uso de carbón autóctono en el mercado eléctrico para garantizar el cumplimiento del Plan Nacional del Carbón 2006-2012.
La Ley del Sector Eléctrico, de 1997, estipulaba que el Gobierno puede establecer los procedimientos, compatibles con el mercado de libre competencia en producción, para conseguir el funcionamiento de aquellas unidades de producción de energía eléctrica que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas, hasta un límite del 15 por 100 de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad demandada por el mercado nacional, considerada en períodos anuales, adoptando las medidas necesarias dirigidas a evitar la alteración del precio de mercado.
Herrera ha asegurado que “en primer lugar confiamos en que esta medida sirva para dar tranquilidad al sector y que permita la vuelta a la normalidad de las cuencas mineras que en estos días han visto alterada la actividad productiva por las reivindicaciones de los trabajadores”.
La Junta Castilla y León ha defendido siempre el apoyo al Gobierno de la Nación para sacar adelante este Real Decreto, pero Juan Vicente Herrera reconoce que todavía se deben conocer exactamente los términos de aplicación del acuerdo alcanzado por la Comisión Europea.
Reserva estratégica
No obstante, el Presidente de la Junta de Castilla y León ha recodado que la necesidad de este Real Decreto viene de la decisión del Gobierno de España de eliminar el incentivo al consumo del carbón autóctono que estaba vigente desde el protocolo eléctrico de 1996.
Herrera aseguró que estas negociaciones han demostrado el importante rechazo que existe en determinados países europeos a las ayudas al carbón autóctono y lo que debemos hacer en este momento, y corresponde al Gobierno de la Nación liderar esa batalla, es conseguir un escenario estable para el sector más allá de 2014.
Juan Vicente Herrera afirmó que “la Junta de Castilla y León siempre ha defendido, y lo seguiremos haciendo, la necesidad de mantener una reserva estratégica que garantice el suministro y la suficiencia energética por lo que es imprescindible trabajar en el desarrollo de un reglamento que permita la estabilidad del sector con garantías de futuro de forma permanente”.