El Gobierno catalán aprobó la semana pasada un decreto ley para que no se pueda cortar la luz ni el gas desde noviembre hasta marzo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.

Lo ha anunciado en rueda de prensa tras el Consell Executiu el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, junto al portavoz del Gobierno, Francesc Homs, que han explicado que entrará en vigor el 1 de enero.

Los afectados, una vez reciban el aviso de interrupción del suministro eléctrico o de gas, tendrán que presentar en el máximo de diez días un informe de los servicios sociales básicos que acredite el cumplimiento de estos requisitos.

En el momento en que se acredite la situación de los afectados, las empresas suministradoras suspenderán el proceso de interrupción de sus servicios energéticos entre los citados meses, y las deudas que se acumulen se pospondrán en las condiciones que acuerden los usuarios y las compañías, y se podrán pagar entre los meses de abril y octubre siguientes.

El texto también determina los mecanismo de intercambio de información entre empresas suministradoras, administraciones, entidades sociales y usuarios sobre tarifas sociales, ayudas y medidas para hacer frente a la pobreza energética.

El contenido del decreto ley estaba incluido en el proyecto de ley de medidas fiscales y financieras, cuyo trámite parlamentario ha estado bloqueado por el PP tras solicitar un informe al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).
Según el Gobierno catalán, esta iniciativa, una modificación del Código de Consumo, es la primera medida normativa para hacer frente a la pobreza energética.



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