De este modo, los representantes de las doce regiones -que representan el 22% del PIB de la Unión Europea (UE) y el 18% de su población- han solicitado a los encargados de revisar la normativa que tengan en cuenta que se han tomado "todas las medidas razonables y proporcionales posibles".

Por ello, reclaman a Europa que "asuma su parte de responsabilidad" en la confección de la normativa, y que las regiones no tengan que asumir costes extraordinarios para hacer frente a ciertos incumplimientos, lo que dejaría sin efecto la amenaza de sanción que pesa sobre España.

Las regiones constatan que las políticas dirigidas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no han ayudado a mejorar la calidad del aire, por lo que piden una "simplificación de la legislación" con valores límite más adecuados a las evidencias médicas y con acciones destinadas a las áreas donde se produce un mayor impacto sobre la salud humana.

Asimismo, han pedido una mayor autonomía para poder decidir las prioridades en materia de reducción de la contaminación, dentro de unos determinados parámetros, y se muestran dispuestas a compartir sus experiencias a través de la red Air para maximizar la aplicación de buenas prácticas.

La red Air está compuesta por Cataluña, Baden-Württemberg, Emília-Romaña, Londres, Hessen, Lombardía, Norte del Rin-Westfalia, Piemonte, Randstad, Estiria, Véneto y Flandes.



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